Giro confirmado en la ley del alquiler: malas noticias para los propietarios
La nueva ley de alquiler hace que los inquilinos puedan seguir en el piso aunque dejen de pagar
Entre otros muchos más, España tiene un problema con el precio de la vivienda y el Gobierno de Pedro Sánchez no está logrando dar con la solución a un mal que repercute en las jóvenes y no tan jóvenes. Con el objetivo de encontrar, y poner fin a esta complicación, la nueva norma sobre vivienda que modifica la ley de alquiler parece que pone más trabas a los propietarios e incluso da alas a la okupación. Todo a cambio de favorecer a los inquilinos, que en ciertos casos tienen más derechos, pero nada ha repercutido en su bolsillo.
El pasado mes de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva ley de vivienda, en la que tanto empeño puso el Gobierno, llamada Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Estas reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia parecían ser la panacea, pero de momento no se han traducido en resultados positivos para ninguno de los actores principales. Si acaso para los fondos de inversión.
«La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda», especifica el Gobierno a través de su página web sobre la bonanza de la nueva norma en la que se intenta poner un límite del precio del alquiler con un máximo anual del 3% en los contratos vigentes durante 2024 y de cara a 2025 se prometía una actualización.
La ley de alquiler protege a los inquilinos aunque el propietario no quiera
Estas modificaciones en la ley del alquiler tienen su letra pequeña y en uno de sus apartados se indica que los inquilinos que alquilan una vivienda pueden permanecer en ella incluso si el arrendador no tiene la intención de renovar el contrato, o llegados a un punto, hasta incluso si no han pagado. Palabras mayores.
Esto lo explica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de su página web, en la que deja claro que en los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si la duración pactada es inferior a cinco años en caso de persona física, o siete si lo firma una persona jurídica, se prolongará automáticamente hasta completar este periodo de tiempo. Incluso si el propietario de la vivienda no está por la labor de renovar. En caso de contratos de mayor duración, también se prorrogará automáticamente. Esto se hace con la intención de evitar las subidas de precios indiscriminadas por parte de algunos arrendadores.
«Para los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si el plazo pactado fuera inferior a cinco años, cuando el arrendador sea persona física, o a siete, si fuera persona jurídica, el contrato se prorrogará automáticamente hasta llegar a esos cinco o siete años, por plazos anuales», dice el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de su página web. También deja claro que: «La prórroga no se producirá si el arrendatario (inquilino) comunica al arrendador (propietario) con al menos 30 días de antelación a la finalización del plazo pactado o de cualquiera de sus prórrogas anuales, su intención de no renovar». En el caso de que no haya notificación, «el contrato se prorrogará por plazos anuales hasta un máximo de tres años más».
El ministerio también resalta de esta ley de alquiler que el inquilino seguirá en el piso alquilado siempre que cumpla con las condiciones pactadas en el contrato original y esté al corriente en los pagos. En caso de situación de vulnerabilidad, y siempre que el inquilino demuestre ante el juez que no puede pagar por problemas graves, se podría suspender el desahucio de forma temporal y de esta forma seguir en la vivienda. Según reza la norma, en caso de situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, los inquilinos podrían ir a la llamada «prórroga extraordinaria», que puede llegar a ser hasta de un año de duración.
Estos cambios en la ley del alquiler nacen con la intención de proteger más a los inquilinos y frenar la tendencia alcista de los precios de la vivienda, pero de momento… ni una cosa ni la otra.
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