Funcas prevé que la inflación disparará el gasto en pensiones un 6,2% en 2022 hasta 154.000 millones

La subida descontrolada de la luz, de los carburantes y de los alimentos básicos como los cereales copan la atención de la sociedad ya casi de manera permanente por su severo impacto en el presupuesto familiar, pero no menos desdeñable es el efecto que tendrá el alza de los precios sobre el gasto en pensiones, indexadas a la inflación a partir de este año tras la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales. En concreto, Funcas prevé que este año ascenderá un 6,2%, hasta 154.000 millones de euros,  desde los 145.000 millones que estima para 2021, un cómputo que descuadra de cabo a rabo las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según indicó el organismo a OKDIARIO, ese gasto será creciente y en 2023 alcanzará los 166.000 millones, es decir, un 14,4% más que el año pasado. Y aunque el incremento del déficit de la Seguridad Social está sujeto a lo que aumenten los ingresos por cotizaciones, y eso, a su vez, dependerá de lo que crezca la economía y el empleo, María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, calcula que en 2023 subiría en unos 5.000 millones. El déficit de la Seguridad Social cerró 2021 en unos 12.000 millones, el 1% del Producto Interior Bruto.

Funcas espera que la tasa de inflación media anual se situaría en el 6,8% en 2022, frente al 4,6% de las previsiones anteriores, si la guerra en Ucrania y las tensiones energéticas perduran, lo que supone una piedra más en el camino de la sostenibilidad de las pensiones.

José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, advierte de que, de mantenerse la escalada de la inflación, el Gobierno se encontrará con un dato muy superior al que esperaba, por lo que sería más complicado reducir el déficit. Además, este no será el único desajuste de las cuentas del Gobierno, ya que los ingresos que va a percibir van a ser menores como resultado de la desaceleración de la recuperación por la invasión de Ucrania, añade.

El Banco Central Europeo espera ahora que el PIB de la eurozona crecerá este año un 3,7%, en vez del 4,2% anticipado en diciembre, mientras que distintas entidades descuentan que la economía española se expandirá menos del 5,5% que habían pronosticado en un principio en 2022. Entretanto, el Gobierno sigue a lo suyo y se aferra testarudamente a la proyección de crecimiento del 7% de su cuadro macro, una quimera. En función de esa conjetura, sostiene que los ingresos por cotizaciones del sistema subirán un 9% con relación al año pasado.

El Ejecutivo de Sánchez sigue una hoja de ruta en pensiones que pasa por eliminar en los próximos años el déficit actual de la Seguridad Social, una meta cada vez más inalcanzable ante la evolución descontrolada de la inflación, que en febrero se situó en el 7,6%, un máximo de 36 años. Para ello, en los dos últimos ejercicios ha traspasado al Estado gastos que en teoría están dentro de ese sistema, como reducciones en la cotización o prestaciones contributivas al nacimiento y cuidado de menores, por un total de 4.570 millones, pero también se trasladan otros gastos por conceptos no detallados, con lo que no se aclara su naturaleza de gastos impropios, cuya suma se acerca a los 14.000 millones de euros. Esta falta de transparencia no contribuye a mejorar la certidumbre sobre la sostenibilidad ni clarificar la situación real del déficit.

Adicionalmente, el Gobierno intenta que la edad real de jubilación sea la más parecida a la legal, que está en 66 años y dos meses, ya que la edad efectiva es inferior porque hay muchas jubilaciones anticipadas. Pero la medida para mejorar la suficiencia de las pensiones en base a la inflación de los últimos 12 meses generará mayor gasto y se ha implantado sin pensar en qué ingresos en paralelo se podrían incluir, observa Jiménez.

Por otra parte, se ha excluido el factor de sostenibilidad, una norma de 2013 que establecía que los nuevos jubilados, de acuerdo con la esperanza de vida, verían una reducción de la pensión. Lo han cambiado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional por el que se incrementan durante 10 años las cotizaciones para crear un fondo con el que reforzar el sistema de pensiones.

Problema de sostenibilidad

A juicio de Jiménez, estos cambios van a generar un déficit que puede llegar incluso hasta el 5% del PIB. Es decir, cinco veces más que el déficit que tenemos ahora. «Eso es porque nuestras pensiones son generosas y la gente no sabe que a lo largo de toda la vida las aportaciones que han realizado van a ser muy inferiores a lo que va a cobrar de pensión durante su jubilación porque van a vivir mucho tiempo», explica. «De media puede estar en un 30% más lo que se recibe. Al final la esperanza de vida media ha aumentado».

Este experto vaticina «un problema de sostenibilidad», ya que lo que el Gobierno está poniendo encima de la mesa son «medidas a corto plazo, cambios paramétricos para que las pensiones se mantengan, pero quizás tenemos que pensar en cambios más estructurales a medio y largo plazo que encuentren un equilibrio entre aportaciones y prestaciones. Igual tenemos que pensar en jubilarnos de acuerdo con la esperanza de vida porque, por suerte, va a seguir aumentando», señala.

«Tenemos que ser conscientes de que para mantener las pensiones que tenemos hoy en día dentro de unos años tendremos que buscar otro tipo de soluciones», continúa. En consecuencia, Jiménez aboga por «aprovechar el talento sénior» y  buscar «soluciones empresariales y laborales más flexibles».