La fuerte subida del SMI de los últimos años ha impedido la creación de 161.000 empleos, según Cepyme
El Gobierno aprobará este martes el alza del SMI a 1.000 euros con efectos desde el 1 de enero
El automóvil avisa: el alza del SMI sumada a la falta de suministro será una catástrofe para el empleo
El Gobierno socialista lleva meses jactándose de las numerosas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha llevado a cabo para mejorar la vida de los españoles. Sin embargo, el último informe de Cepyme muestra que de haber crecido el SMI de forma moderada, se podrían haber creado 161.000 empleos más.
Una de las promesas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es que en 2023 el SMI supere el 60% del salario medio. Una meta que tras las ambiciosas subidas que se han ejecutado desde 2019 ya se ha cumplido en algunos sectores de actividad, en los que el salario mínimo supera el 65% del salario medio y donde trabajan casi 6,5 millones de personas. Sin embargo, en el sector de Electricidad y gas, el salario mínimo de 1.000 euros es apenas el 24,3% del salario medio; en las Finanzas y seguros, equivale al 30,1%. Pero en la Hostelería, el mismo salario mínimo supone el 91,5% de la remuneración promedio. «Esto muestra que el mismo salario mínimo puede ser inocuo en unas ramas de actividad, pero gravoso en extremo en otras» reza el estudio.
En ninguno de los grandes países de la Unión Europea el salario mínimo ha subido tanto como en España. Entre 2016 y 2022 el salario mínimo interprofesional pasó de 655 euros a 1.000 euros, completando un incremento del 52,6%. En ese mismo período, el incremento fue del 13,1% en Holanda y Grecia, y aún menos en Alemania, Bélgica y Francia. El contraste es aún mayor con los seis países comunitarios que no tienen un salario mínimo legal -Suecia, Italia, Austria, Dinamarca, Finlandia y Chipre-.
Asimismo, en ningún país de la Unión Europea el salario mínimo es igual o mayor al 60% del salario medio. Sólo en cinco países de la UE el salario mínimo supera el 50% del salario medio. Con el incremento a 1.000 euros, España se reafirmó como el segundo país en el que el salario mínimo legal es mayor en proporción al salario medio, con un 54,1%. Solo Eslovenia supera a nuestro país (56%). En Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Hungría y otros países, la relación entre salario mínimo y salario medio es más de 10 puntos porcentuales más baja que en España.
Impacto por provincias
También hay una amplia diversidad salarial en las distintas comunidades autónomas. En tres de ellas, el salario mínimo es más del 65% del salario promedio. En la Comunidad de Madrid y en el País Vasco, el salario mínimo de 1.000 euros es equivalente a menos del 50% de sus respectiva remuneraciones promedios. En cambio, en Canarias y Extremadura, esa relación es de más del 70%. En Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha la misma ronda el 65%. En las 5 regiones recién mencionadas en donde el salario mínimo es de cerca del 65% o más del salario medio, trabajan 6,1 millones de personas, el 30% del total. Solo en cinco comunidades autónomas el salario mínimo equivale a menos del 60% de la remuneración promedio -Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias-.
La diversidad de situaciones es todavía mayor a nivel de las provincias. En 18 de ellas, el salario mínimo equivale a más del 65% del salario medio. Otra forma de ver el impacto muy diverso que tiene un mismo salario mínimo en los diferentes territorios, sectores y tamaños de empresa, es verlo a nivel de las provincias. En un extremo, hay tres provincias -Madrid, Álava y Guipúzcoa-, en las que el salario mínimo supone menos del 50% de la remuneración promedio.
En el extremo contrario, hay dos provincias (Zamora y Ávila), en donde la misma relación supera el 75%. En total, son 18 las provincias en donde el salario mínimo equivale a más del 65% del salario medio. Estas provincias serán objeto de una mayor tensión salarial, ya que los consecutivos incrementos del SMI han provocado de forma intensificada en estas regiones un mayor desplazamiento de las tablas salariales, lo que les origina una situación de mayor vulnerabilidad para asumir nuevas subidas salariales establecidas en la negociación colectiva.
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