La expropiación: la peor estrategia posible para la economía

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, expropia su primer inmueble en la ciudad de la Barcelona. ¿Lo peor? El primero, pero no el último.

Aunque, a priori, pueda parecer una acción completamente justa, socialmente hablando, lo de Ada Colau en Barcelona es muy peligroso. Hablamos de una alcaldesa, del partido Barcelona en Comú, grupo muy arraigado a la ideología de Podemos en el ámbito nacional, que ha ejercido una ley para expropiar una vivienda a un grupo bancario, BBVA, para cederlo como vivienda a una familia.

Como he dicho, dada la actuación de la banca y las malas praxis en materia de ley hipotecaria, este tipo de acciones tienen un efecto de aclamación popular. Sin embargo, hablamos de una actuación con gran repercusión en la sociedad inversora, pues en un país donde determinados gobiernos, ya sean autonómicos o nacionales, tienen el poder de expropiar un bien privado, de cara a los inversores, genera un impacto muy negativo.

Para Colau, la inacción por parte de las entidades bancarias para ofrecer alternativas en la explotación de la vivienda ha sido objeto de expropiación. El derecho que ha ejercido el Ayuntamiento de Barcelona se ha ejercido en base a los desahucios ejecutados por la banca en determinadas viviendas, penalizando la decisión adoptada por el banco de no ofrecer la vivienda en régimen de alquiler social a la familia afectada.

Esta acción ha permitido a la Alcaldesa de Barcelona ejercer el artículo 15 de la ley 4/2016, que permite al gobierno autonómico la expropiación del derecho de uso temporal de una vivienda por un periodo de entre cuatro y diez años. En esta situación, el Ayuntamiento ha optado por ejercer el artículo con la máxima vigencia temporal que permite la norma, es decir, 10 años. Cabe añadir que la permisión se produce por el hecho de que la vivienda cumple los requisitos.

No contentos con lo ejercido, el Ayuntamiento ha iniciado un proceso para sancionar dichos desahucios, pudiendo penalizar económicamente a los grupos bancarios que no garanticen el derecho a la vivienda, paralizando los procesos de desahucio y ofreciendo alternativas que garanticen la continuidad de la familia en el inmueble. Unas sanciones que podrían ascender hasta 90.000, por considerarse una infracción grave.

Como digo, aunque la ley permita el ejercer determinadas acciones en contra de los desahucios de la banca, este tipo de acciones provocan un gran impacto en la sociedad inversora y en las decisiones de inversión. Basta con fijarse en Venezuela y cómo los flujos de capital se redujeron ante las políticas de los presidentes chavistas, en las que se permitían la expropiación de empresas si lo consideraban oportuno.

Este tipo de acciones del régimen chavista acabó espantando a las compañías internacionales en el país, que ante la inseguridad regulatoria y la incapacidad de garantizar el bien privado en el país, deslocalizaron sus sedes en el país, trasladándolas a otros países en los que este tipo de actuaciones no pudieran llevarse a cabo. Miremos lo ocurrido con el sentido común, ¿qué empresa se instalaría en un país donde, si el gobierno lo considera oportuno, se permite la expropiación de los bienes privados?

La expropiación ha llevado a países como Venezuela a la hambruna absoluta. Además, no debemos pasar por alto el tema de los okupas en la ciudad de Barcelona y la protección que, gracias a la alcaldesa Colau, le otorga la justicia frente a los propietarios. Barcelona, una de las ciudades más desarrolladas de España, pero con el gobierno menos desarrollado del país. Un problema que, junto con el independentismo, agrava la situación económica del territorio.

Esto es lo que ha ocurrido en todos los países en los que, por ideología del propio gobierno, se ha permitido hacer uso de normativas que permiten la expropiación. Todos ellos, sin excepción, han visto cómo los flujos de inversión, de capital, que entraban al país -la inversión extranjera directa- ha ido perdiendo fuerza, llegando el momento de que hasta las empresas que se encontraban instaladas en el país se marchaban a otros países con mayor seguridad jurídica.

Para hacernos una idea, en América Latina, un gran foco de economías emergentes, todas dependientes de la financiación externa y de la inversión extranjera directa para continuar creciendo económicamente, Venezuela, por la situación en el país, ha sido el territorio que menos inversión extranjera ha recibido, lastrando sus crecimientos y, junto a otros factores, lastrando los crecimientos hasta el punto de llevar al país a la quiebra absoluta.

En clave política, este tipo de actuaciones muestran una completa involución por parte del Gobierno de Barcelona. No debemos olvidar el problema del independentismo, el cual ya restó crecimientos en el PIB catalán, así como una gran fuga de empresas. Ahora, ante la aprobación y ejecución de normativas como la expropiación, la fuga de empresas podría pronunciarse e intensificarse en la comunidad, lastrando aún más su economía.

En resumen, estamos ante un tipo de actuaciones no concebibles en economías desarrolladas y gobiernos desarrollados como es el caso de España. La expropiación no es la vía óptima para este tipo de situaciones, al menos si el objetivo es hacer que la economía prospere y las empresas generen empleo. Estamos en una situación donde el empleo es muy necesario y las políticas deben ir enfocadas a la atracción, y no a la expulsión, de las empresas.