Los empresarios se unen a Ayuso contra el apagón de Sánchez: «Madrid será una ciudad muerta y peligrosa»

Los empresarios madrileños han cerrado filas en torno a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y han expresado su oposición al nuevo plan energético del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, ha pedido que el comercio no asuma para lo que queda de año y para 2023 el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, que prevé medidas urgentes para reducir el consumo de energía en edificios públicos y establecimientos comerciales, y considera que, de aplicarlo, subiría la inseguridad ciudadana.

A través de su cuenta de Twitter, Ayuso afirmaba de forma contundente que «Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?». Unas declaraciones que la patronal empresarial apoya al 100%. Y es que el presidente de Madrid Foro Empresarial señala que una ciudad con los escaparates y el zócalo de la ciudad apagados es «una ciudad muerta y peligrosa», en la que subiría la inseguridad ciudadana.

En este sentido, se pregunta el presidente de la asociación si el Gobierno tiene preparado un plan policial al respecto, sobre lo cual -señala- está seguro «que no». Tampoco cree que tenga un plan de ahorro «propio» del Gobierno. «Pido al comercio que no cumpla estas medidas mientras que el Gobierno no nos presente a los ciudadanos cuál es su plan de austeridad», indica el presidente de Madrid Foro Empresarial.

Un incumplimiento de la normativa que podría acarrear sanciones de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves. Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado que las multas que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real-decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.

Este paquete de medidas, que complementa RITE, también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento. En el caso de todas estas iniciativas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el BOE y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

También que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las ornamentales, por ejemplo, las luces navideñas.

Asimismo, se obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior. Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.

Las medidas también incluyen la exigencia de someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022 a aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años.

De esta forma, para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización.