El Gobierno encarece un 3,1% los despidos ‘express’: aumenta su recaudación sin cambios en la precariedad 

La penalización a los contratos temporales de menos de 30 días sube hasta los 33,62 euros en 2025, un 3,1% más, según consta en la orden que desarrolla las normas legales de cotización publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El ajuste se produce después de que el Gobierno de España incrementase las bases mínimas de cotización en línea con el salario mínimo, al tiempo que apunta a un posible aumento de la recaudación sin cambios sustanciales en la precariedad laboral.

El gobierno penaliza la mala praxis

Esta penalización, que tiene efectos desde el 1 de enero y que se estableció en la reforma laboral de 2021 para combatir la temporalidad y la rotación laboral, se calcula en función de la base mínima de cotización diaria.

La sanción a las empresas fue concebida como una forma de desincentivar a las mismas a hacer contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas.

La aparente medida que busca combatir la precariedad laboral podría simplemente encarecer ligeramente una práctica que sigue siendo rentable para muchas empresas.

Empresas con contratos cortos

En sectores como la hostelería o el turismo, donde los contratos de muy corta duración son normales, este tipo de incrementos no desalienta al empresario.

De hecho, para muchos de ellos, pagar 33,62 euros adicionales sigue siendo más barato que mantener plantillas estables durante periodos de baja actividad.

Además, según los datos presentados por el propio Gobierno casi un tercio de los contratos firmados en febrero seguían teniendo una duración igual o inferior a un mes, lo que genera dudas sobre la eficacia del ajuste.

Si lo que se buscaba era reducir la precariedad, los resultados apuntan a que el impacto está siendo bastante limitado.

Además, este tipo de políticas podría generar un recorte de contratos, si por ejemplo son empresas con márgenes ajustados. Lo que espera traer estabilidad esconde una menor oportunidad laboral.

En este contexto, la subida de la penalización refuerza la estrategia del Gobierno de España contra la temporalidad, pero también abre el debate sobre su alcance real y si este tipo de medidas tan solo busca aumentar la recaudación.

Los analistas sentencian la medida

Javier Cabrera, analista de mercados, considera que este tipo de medidas perjudican al mercado laboral y sobre todo a los trabajadores que por norma general tienen mayor dificultad para acceder al mercado laboral.

Si bien la intención de la medida puede ser buena, reducir la precariedad, las consecuencias pueden no serlo tanto.

«Este tipo de medidas lo que puede provocar es que se reduzca la contratación de empleados para los trabajos de muy corta duración, concentrando las tareas en menos trabajadores y por tanto dejando fuera del mercado laboral a personas que necesitan ese tipo de trabajos», añade el analista de mercados.

De hecho, creen que es difícil que ese contrato de menos de un mes se transforme en uno de mayor duración, porque precisamente es menor a un mes por las necesidades de la compañía y los picos de trabajo que se puedan tener en determinados sectores.