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Economía

Los empleados de Unipost: “Si se piden responsabilidades que sea a los empresarios”

La Guardia Civil incauta documentación relacionada con el 1-O en las instalaciones de Unipost

Los empleados de Unipost, cuyas instalaciones han sido registradas este martes por la Guardia Civil en busca de material relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre (1-O), esperan que si se piden responsabilidades legales por el reparto de sobres electorales “sea a los empresarios”. Fuentes sindicales de la compañía postal liderada por Antón y Pablo Raventós explican a OKDIARIO que tras inspección “la plantilla está inquieta” y señalan que “la responsabilidad es de los empresarios y los políticos, nosotros solamente seguimos las órdenes de la dirección de la empresa”.

“Nosotros solamente repartimos el material que la empresa nos da”, explican a este periódico fuentes sindicales de Unipost. Los empleados de la empresa postal creen que “si hay que pedir responsabilidades” sobre el material del referéndum ilegal que Unipost pretende repartir “se pida a los empresarios no a nosotros». 

Alegan que ellos no tienen ningún tipo de relación con la consulta que pretende llevarse a cabo el próximo 1 de octubre y que “es labor de los políticos y los empresarios ponerse de acuerdo entre ellos”. Además, explican que ellos “solo” hacen el reparto del material que la empresa les encomienda y que “si nos negamos a hacerlo Unipost nos puede sancionar”.

Finalmente, tras la inspección la Guardia Civil ha encontrado abundante material electoral relacionado con la consulta ilegal suspendida por el Tribunal Constitucional con el fin de ser distribuido en los próximos días.

Colaboración reincidente de Unipost con la consulta ilegal

La citada sociedad pertenece a una rama de la familia Raventós y ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en 2014 en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9 de noviembre (9-N), por la que después resultó inhabilitado el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

En aquel entonces, la Fiscalía ya requirió a Unipost que enviara la hoja de encargo, contrato y documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de propaganda del 9-N, así como que explicaran qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.

Además, los sindicatos creen que es “una pena” que se hable del referéndum ilegal promovido por Junts pel Sí (JxSí) y “no de la realidad de la plantilla de Unipost y de los recortes de derechos laborales que estamos sufriendo”.

La firma catalana entró en concurso de acreedores el pasado mes de julio con una deuda de 50 millones de euros y siendo una de las compañías que engrosaba la lista de morosos de Hacienda con una deuda que asciende a 5,4 millones de euros.

El registro de este martes por parte de la Guardia Civil ha sido un capítulo más en los problemas por los que atraviesa la compañía de los Raventós y los empleados confiesan sentirse inquietos en medio de este “gallinero político”. De momento, según fuentes de los empleados, el concurso de acreedores está en la primera fase, Unipost ha pedido una prórroga para conseguir toda la documentación requerida por el administrador concursal y presentar un plan de viabilidad que les permita sobrevivir.

Los mismos empleados han confirmado a OKDIARIO que el mes de agosto lo han cobrado íntegramente y esperan que Unipost les abone también septiembre sin retrasos.