La deuda pública española supera el 100% del PIB por primera vez desde 1909

Los esfuerzos del Gobierno para reducir el déficit no son suficientes para rebajar el peso relativo de la deuda pública sobre el conjunto de la economía española. El pasivo de las Administraciones Públicas ha superado el 100% del Producto Interior Bruto (PIB) tras el repunte de 14.031 millones experimentado en marzo, situando la deuda total en los 1,09 billones de euros, según los datos del Banco de España.

Este porcentaje supera las previsiones del Gobierno, que en su último programa de estabilidad presentado hace unas semanas, apuntaba a un peso del 99,1% del PIB de la deuda pública para el conjunto del año y a una rebaja hasta el 96% en 2019. El Ejecutivo esperaba que se mantuviera la tendencia iniciada en 2015, un año en el que por primera vez bajó el peso relativo del pasivo de las Administraciones Públicas sobre el PIB. Los datos publicados ahora por el Banco de España indican que la tasa escala al 101%.

No obstante, en el primer trimestre siempre suele aumentar el peso relativo de la deuda y posteriormente se reduce debido a que se producen vencimientos en abril y Hacienda dispone de tesorería tras ingresar los pagos fraccionados de impuestos en la primera parte del ejercicio. Por lo tanto todavía es posible que se cumpla la previsión del Gobierno y se cierre el ejercicio con una deuda cercana al 99,1% del PIB.

Es la primera vez desde el año 1909 que se supera la cota psicológica del 100% del PIB, que implica que el sector público español debe cada año el equivalente a la totalidad de los bienes y servicios producidos en la economía nacional. La razón de esta elevada deuda es que las Administraciones Públicas han gastado más de lo que han ingresado todos los años desde 2008, acumulando déficits que han tenido que ser financiados mediante la emisión de bonos, letras y obligaciones del Estado (deuda pública).

Según los datos del cierre de 2015 del departamento del Tesoro, la mitad de la deuda española está en manos de inversores extranjeros. El sector público español ha llegado a ofrecer rentabilidades negativas en las emisiones de deuda, es decir, que los inversores pagaban en lugar de recibir intereses. Estos se produce por el programa de asistencia financiera que mantiene el Banco Central Europeo (BCE) mediante la adquisición directa de bonos soberanos por un importe mensual de 80.000 millones de euros.

Este escenario no va a durar siempre, por lo que es necesario que España realice las reformas estructurales pendientes para poder rebajar la brecha entre ingresos y gastos, lo que reducirá la necesidad de financiación del sector público nacional. Ese es el mensaje que lanza tanto el propio BCE como la Comisión Europea, instituciones que ven con preocupación la deriva del déficit público español, especialmente tras el último incumplimiento presupuestario comunicado por el Gobierno.

En su boletín de marzo, el BCE reclamó a los países más endeudados que acometan “esfuerzos de consolidación” para garantizar una bajada del porcentaje de deuda pública respecto al PIB durante los próximos años.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, es consciente de este problema estructural y así lo ha trasladado a los inversores internacionales en su última gira europea. Ya el pasado enero advirtió que la incertidumbre política es un factor que puede agudizar los problemas, porque una pérdida de confianza por parte de los inversores internacionales “se trasladaría de forma rapidísima a través de las necesidades de financiación”, lo que a su vez golpearía “a la actividad económica y a la creación de empleo”.

Este es precisamente el mayor riesgo al que se enfrenta España, que depende de los mercados financieros para poder financiar el gasto público mediante las citadas colocaciones de deuda. En 2016 el Tesoro realizará emisiones netas de 45.000 millones de euros para poder hacer frente a sus obligaciones.