Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa por no pagar lo que debe

El Gobierno de Colombia interviene a la filial de Gas Natural Fenosa, Electricaribe, después de que las negociaciones entre el Ejecutivo del país y la cúpula directiva del grupo energético español para encontrar una solución a la crisis abierta no se hayan concretado en un acuerdo.

En concreto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha anunciado la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe con el fin de asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos abastecidos por la compañía, informó el organismo colombiano.

La Superintendencia señala que ha procedido al nombramiento de Javier Lastra como agente especial Electricaribe y que Tetra Tech, empresa global especializada en toma de posesión de electrificadoras, apoya la acción.

En su cuenta de Twitter, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha confirmado la suspensión de las negociaciones con Gas Natural Fenosa por «falta de capitalización» y ha señalado que la «toma de posesión de Electricaribe es la mejor alternativa para garantizar servicio de energía para familias e industria» de la región.

El presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, viajó el pasado fin de semana a Colombia para reunirse con miembros del Ejecutivo colombiano, entre ellos el presidente José Manuel Santos, para abordar la crisis abierta por la filial.

Gas Natural era optimista

Gas Natural Fenosa confiaba en poder cerrar el conflicto que mantenía con el Gobierno colombiano sin que llegara la sangre al río… Sin embargo, tras dar unos meses de plazo a las autoridades del país para solucionar los problemas antes de acabar en los tribunales, Colombia ha optado directamente por la intervención.

El grupo energético español mantenía un contencioso con el Ejecutivo de Juan Manuel Santos por la gestión de Electricaribe, compañía de distribución de electricidad de la región del Caribe que está sufriendo una oleada de fraude e impagos. El Parlamento de Colombia ya había amenazado antes con expropiar a la compañía por no ejecutar las inversiones previstas a pesar de que es el sector público del país el principal moroso, al no abonar sus facturas.

La legislación no permite a Electricaribe cortar el suministro a las administraciones públicas, a pesar de que no se están abonando las facturas de los servicios públicos, como las del alumbrado de las calles, los colegios, los hospitales, las residencias de ancianos, las comisarías de policía y las infraestructuras. Si el Ejecutivo abonara el importe que tiene pendiente, la empresa podría eliminar la deuda que le atenaza e, incluso, lograr músculo financiero para realizar nuevas inversiones.

En este contexto, Gas Natural Fenosa activó el pasado 17 de junio el acuerdo bilateral de protección de inversiones que tienen Colombia y España, con el objeto de solucionar este contencioso sin necesidad de llegar a los tribunales. Según confirmaron fuentes del sector energético a OKDIARIO, la intención de la compañía que ahora preside Isidro Fainé era alcanzar un acuerdo que satisfaga a las partes y evitar que el conflicto acabara en los tribunales. La fecha límite, de hecho, era el 17 de enero.

La empresa se comprometió con el Gobierno de Colombia a realizar inversiones para garantizar la calidad del suministro eléctrico en las zonas caribeñas donde opera, a cambio de que se aprobara una normativa que garantizara la seguridad jurídica y evitara los impagos y el fraude. Electricaribe cumplió con una parte del trato, al invertir unos 350 millones de euros en la mejora de las infraestructuras, pero el Ejecutivo del país latinoamericano no ha sentado las bases legales para evitar la sangría en las cuentas de la empresa.

En concreto, al cierre del mes de junio, el agujero en la caja de la filial de la empresa española por la morosidad, la manipulación de contadores y las conexiones ilegales a la red eléctrica ascendió a 527.000 millones de pesos colombianos, que al cambio actual suponen 162 millones de euros. Según cálculos internos que maneja Electricaribe, un 40% de la facturación se pierde por el fraude y los impagos.

El gran problema de la empresa es que, al ser compañía distribuidora, debe hacer frente a las obligaciones financieras con la generadora de electricidad, que es propiedad estatal.

Es decir, que mientras que el sector público colombiano y muchos clientes no pagan sus facturas, la filial de Gas Natural Fenosa tiene que pagar por la electricidad que sirve a los usuarios. Esto ha provocado que Electricaribe ya no tenga liquidez y que haya tenido que salir en su rescate la matriz española. Ahora, ha sido Colombia directamente la que interviene la compañía, cuando es precisamente su Gobierno el principal acreedor.