Mercadona cede al chantaje de los ganaderos en la guerra de la leche

Los ganaderos están en pie de guerra. El sector lácteo ha perdido la red con la que los contribuyentes europeos sostenían su actividad y no ha sabido adaptarse a la ley de la oferta y la demanda. Los productores ven con terror como los precios se desploman y se dan cuenta de que su negocio no es sostenible sin el dinero de los ciudadanos, que llevan 30 años pagando un sobrecoste por cada litro de leche y, además, manteniendo al sector con sus impuestos.

La retirada del sistema de cuotas que la UE realizó el pasado marzo ha cambiado las reglas del juego. La Política Agrícola Común (PAC) instauró a finales de la década de los años setenta del siglo pasado un modelo de planificación central para hacer frente a la sobreoferta que había en el mercado europeo. Los burócratas decidieron garantizar precios muy por encima de los que establecían los mercados internacionales, desligando oferta de demanda y el resultado fue -como siempre que se establecen precios mínimos por encima de los que establece el mercado- un aumento aún mayor de la producción.

Cuando los técnicos se dieron cuenta del error, en lugar de liberalizar, introdujeron más restricciones creando en 1983 un sistema de cuotas para evitar que los productores sacaran más leche al mercado aprovechándose de los precios garantizados. En este modelo también se asignaba una cuota a los países y se penalizaba a aquellos que la incumplieran. Es decir, que la UE decidía cuánta leche se producía y dónde se hacía, como en la economía soviética.

Aunque el sistema se creó con una vigencia de cinco años, se fue prorrogando hasta llegar a 2015, año en el que Bruselas ha eliminado este sistema. Durante todo este tiempo, los ganaderos no han reestructurado su actividad para poder operar en un mercado más libre, en parte por las restricciones de las cuotas y, en mayor medida, por los nulos incentivos que han tenido para hacer más eficientes las explotaciones.

Caída de la demanda internacional

Todo ello se ha producido en un momento económico en el que la demanda de los mercados mundiales ha caído, especialmente la de los países asiáticos, reduciendo los precios de la leche. A lo que se suma la prohibición de exportar a Rusia. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, el precio medio del litro de leche que cobran los productores es de 29 céntimos. Para que una explotación sea rentable, el importe debe superar los 36 céntimos, ya que los costes de producción, según la Organización de Productores de Leche (OPL) ascienden a 34 céntimos.

Los problemas se agudizan en Galicia, comunidad donde se concentra la mitad de la producción nacional de leche, lo que provoca una mayor volatilidad, tanto cuando suben los precios como cuando bajan. Además, en esta región los costes de transporte son mayores, debido a la lejanía de los principales centros de consumo.

En este entorno, los ganaderos han iniciado una guerra contra los distribuidores, con manifestaciones en los puntos de venta, huelgas, tractoradas y concentraciones en los que se derraman decenas de miles de litros de leche. La reclamación es clara: que el Gobierno o las empresas les garanticen unos precios mínimos para no cerrar explotaciones. Los establecimientos comerciales ven como las organizaciones ganaderas impiden el derecho al trabajo, amenazan a clientes y generan pérdidas millonarias.

Mercadona cede al chantaje

El gigante de la distribución Mercadona ha decidido ceder al chantaje para evitar males mayores y ha anunciado que sus proveedores lácteos aumentarán el precio que pagan por la leche a los más de 3.100 ganaderos con los que trabajan, sin repercutir el importe al consumidor final. La compañía se compromete “a aplicar los incrementos pertinentes en cada caso que se considere necesario”.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) esperan que el resto de distribuidores pasen también por el aro. Es decir, que puede darse un escenario en el que las compañías vendan por debajo del coste de producción para eliminar competencia (lo que se conoce técnicamente como dumping).

Por su parte, la Comisión Europea ha respondido a la ofensiva prometiendo más dinero de los contribuyentes, al anunciar un paquete de ayudas por valor de 500 millones de euros. El problema afecta a toda la UE. Sirva como ejemplo que los productores alemanes reclaman un precio mínimo de 40 céntimos por litro de leche, cuatro céntimos más de lo que piden los ganaderos españoles.

Competencia denuncia pactos de precios en la industria

En cuanto a la industria que procesa la leche para su consumo, las empresas han sufrido recientemente un duro revés por parte de las autoridades españolas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a nueve empresas lácteas que conforman el grueso del sector y que configuran un cártel que se reparte el mercado de aprovisionamiento de leche cruda, pacta estrategias de precios e intercambia información sobre los ganaderos. Las multas rozan los 90 millones de euros.

Según Competencia, estas empresas «estarían permitiendo que las empresas evitaran competir entre sí por los ganaderos ofreciendo un precio mayor en épocas de escasez de leche, o perder el aprovisionamiento procedente de algunos ganaderos si las empresas decidían ofrecer un precio demasiado bajo». Es decir, que configuran otro elemento más de distorsión al mercado. Las empresas han recurrido la decisión del organismo ante la Audiencia Nacional. Otra batalla de la guerra de la leche que se resolverá en los despachos.