Economía
Pisos turísticos

Booking tiende la mano para frenar la guerra con el Gobierno: «Hace falta una regulación equilibrada»

Booking defiende que "nosotros no gestionamos pisos, sólo somos intermediarios entre viajeros y anfitriones"

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha anunciado, a través de la Dirección General de Consumo, expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Con respecto a esta situación, Booking se ha pronunciado y se ha defendido asegurando que «nosotros no gestionamos pisos, sólo somos intermediarios entre viajeros y anfitriones». A la vez que ha tendido la mano al Gobierno, alegando que «hace falta una regulación equilibrada».

Desde la plataforma de Booking también se piden al Gobierno soluciones reales y condiciones equitativas. «Como empresa responsable, Booking.com está comprometida a trabajar con las autoridades para encontrar soluciones reales y viables que regulen los alquileres a corto plazo. Creemos que una legislación clara para todos los actores de la industria –propietarios, autoridades públicas y plataformas en línea– representa la mejor manera de garantizar condiciones equitativas y un resultado positivo para los viajeros, los propietarios y las economías locales», explican fuentes de Booking.

«Booking.com seguirá colaborando con las autoridades para combatir los alquileres ilegales a corto plazo, y damos la bienvenida a un diálogo constructivo para encontrar limitaciones equilibradas que contribuyan a que el turismo sea una fuerza positiva», defienden fuentes de Booking.

Gestoras en el punto de mira

Pablo Bustinduy ha señalado que con los datos recopilados se constataría que algunas empresas estarían ofreciendo «información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios», lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa.

Multas de hasta 100.000 euros

Según el precepto legal, estas prácticas pueden llegar a calificarse, además, como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo.

La investigación se puso en marcha el pasado mes de diciembre después de requerir información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler.

Estos nuevos procedimientos de sanción por parte de Consumo se unen al expediente sancionador que el departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió hace dos meses, también en el ámbito de las viviendas turísticas, a Airbnb.

En este caso, el expediente se puso en marcha porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de pisos turísticos que se catalogaron como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.