Marejada en Bankinter por la ausencia de Alfonso Botín en la investigación del caso de la Torre Cepsa

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 09/12/2022 06:45
  • Actualizado: 09/12/2022 07:55

Fuerte marejada en la sede de Bankinter a causa de la reapertura del caso de la Torre Cepsa en la Audiencia Nacional. La indignación proviene de que el juez José Luis Calama está citando a declarar a numerosos cargos intermedios de la entidad financiera, pero ha dejado fuera a los que la plantilla señala como los artífices de la operación: el vicepresidente, Alfonso Botín, y Julio Zapatero, director general de riesgos.

Los hechos se remontan a 2016, cuando el jeque Khadem Al Qubaisi, entonces presidente de IPIC (el fondo propietario de Cepsa), compró a Bankia la citada torre, diseñada por Norman Foster, mediante un crédito de 400 millones concedido por Bankinter. Inmediatamente después, revendió el edificio a la inmobiliaria de Amancio Ortega (Pontegadea) con una jugosa plusvalía de unos 90 millones.

Lo que trata de averiguar la Audiencia Nacional es si en esta operación hubo blanqueo de capitales, ya que el citado jeque estaba siendo investigado por el escándalo del fomo 1MDB (1Malaysia Development Berhad), que supuestamente desvió entre 3.000 y 5.000 millones de inversores a cuentas particulares.

El Gobierno ya multó a Bankinter con 8,2 millones de euros por el citado préstamo y por dos transferencias posteriores de Bankinter a Al Qubaisi por 55 millones. Se trata de la sanción más alta de la historia de España por vulnerar la normativa de prevención de blanqueo de capitales. De hecho, tras esta sanción el Banco de España alertó a la Audiencia de un posible delito de blanqueo, que es lo que dio pie a la apertura de la causa en 2018.

En estos años, han declarado José Ignacio Goirigolzarri (entonces presidente de Bankia), su número dos, José Sevilla,  la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, el de Pontegadea, Roberto Cibeira, o el exvicepresidente de Cepsa, Pedro Roig.

«Comerse el marrón»

Ahora, Calama ha dado un nuevo impulso a la causa con la citación de varios cargos intermedios del banco, como Gloria Calvo (secretaria del consejo), Enrique Becerril (director de banca corporativa) o la directora de la sucursal desde la que partieron los pagos; los dos últimos están citados el 20 de diciembre, según informó Vozpópuli. Y fuentes conocedoras de la situación aseguran que otros empleados también están recibiendo citaciones.

El enfado proviene de que el juez no ha citado a los verdaderos responsables de la operación sospechosa, Botín y Zapatero, y de que éstos tampoco han salido a dar la cara por sus subordinados. «Ellos escondidos y otros en cambio comiéndose el marrón y pasando por los juzgados. Son súper exigentes con la plantilla, con los riesgos y con cumplimiento normativo, y luego ellos hacen lo que quieren», muestra su indignación una de las fuentes.

Otra añade que «una directora de sucursal no decide préstamos de este importe, estas cosas se deciden al máximo nivel». Los empleados citados por Calama no lo tienen fácil para escudarse en sus superiores ya que siguen trabajando en el banco, a diferencia, por ejemplo, de los testigos e imputados en el caso de la contratación de Villarejo por BBVA.

«Operación legal»

Todos los que han declarado hasta ahora han defendido que la operación fue perfectamente legal. En el caso de Dancausa, declaró en mayo que se aprobó el crédito porque el comprador de la Torre Cepsa era Amancio Ortega y, por tanto, conocían la procedencia del dinero con el que el jeque iba a devolverlo.

La rama de la familia Botín que controla Bankinter con un 23,19% del capital ya se ha visto implicada en dos escándalos investigados por la Audiencia. Uno de ellos fue la ocultación de casi un 8% de las acciones del banco en las cuentas del HSBC en Suiza, la famosa lista Falciani, por la que Jaime Botín (padre de Alfonso) fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos directivos en banca y tuvo que pagar una multa de 200.000 euros.

El segundo escándalo fue el del famoso cuadro de Picasso que Jaime Botín intentó sacar de España para subastarlo en Londres sin los permisos preceptivos de Patrimonio Nacional. El financiero, hermano de Emilio Botín y tío de Ana Botín, fue condenado a 18 meses de cárcel y a una multa de 52 millones, y la pintura ‘Cabeza de mujer joven’ fue expropiada por el Estado.