Los asesores financieros acusan a Escrivá de “cierto trampeo” en las cifras récord de la Seguridad Social
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Escrivá retrasa la puesta en marcha de los planes de pensiones públicos a 2023
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En un encuentro con asesores financieros celebrado este jueves, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, puso en valor la situación del sistema de pensiones español y las últimas cifras “récord” registradas por la Seguridad Social en cuanto a cotizaciones. Unas afirmaciones que fueron muy criticadas por el sector de la gestión y asesoramiento, donde se señaló -entre aplausos- “cierto trampeo”.
En la apertura del VII Congreso de EFPA (European Financial Planning Association), Escrivá resaltó que la Seguridad Social “nunca ha tenido mayores ingresos en términos relativos” y aseguró que “España no tiene un problema agudo de sostenibilidad del sistema de pensiones en ningún caso, entre otras cosas porque tenemos una edad de jubilación suficiente, 66,3 años, y seguirá creciendo hasta 2027, que llegaremos a los 67 años”.
Sin embargo, en una de las mesas de las jornadas, organizada para tratar la reforma de las pensiones y la necesidad de ahorro, representantes de la industria afearon la actitud del ministro y algunas de las medidas tomadas por su cartera.
José Antonio Herce, socio DG de Longevity and Retirement Income Solutions (LoRIS), consideró que el ministerio que dirige Escrivá “viola sistemáticamente los principios en los que debería estar basado un buen sistema de Seguridad Social”. Como ejemplo, subrayó que devuelven 1,7 euros por cada euro cotizado, lo que “es una barbaridad”.
Los tres pilares
Según Herce, la edad de jubilación debería indexarse con la esperanza de vida, como se ha hecho con las pensiones públicas -el primer pilar sobre el que se asienta el sistema- y el IPC e hizo hincapié en que el segundo pilar -el de los planes de empleo- está estancado porque “hay cada vez menos partícipes y las aportaciones son insignificantes”.
Asimismo, ha señalado que el Gobierno “ha herido de muerte en el flanco fiscal al tercer pilar” -el de los planes de pensiones individuales- en referencia a la reducción de las aportaciones con derecho a deducción en el IRPF, que en dos años ha pasado de los 8.000 a los 1.500 euros.
“Ahora mismo, hay millones de personas que necesitan complementos a la jubilación para llegar a fin de mes” incidió y aconsejó dejar de “ahorrar en ladrillo” pensando en la jubilación, una tendencia que lleva a que el parque inmobiliario español suponga 3,5 veces la economía española, mientras que el ahorro previsional sólo representa un 25% del PIB.
Incluso más incisivo fue Javier Ruiz Villabrille, country head de Flossbach von Storch en España, quien criticó que el ministro dijera “que el tercer pilar no es importante, que la Seguridad Social está fantásticamente bien y que, además van a poner un sistema de ahorro colectivo que va a captar lo que no ha captado el sistema individual en los últimos 20 años”. “Es poco realista” afirmó respecto a los objetivos que el Gobierno se ha puesto respecto a la participación de los inversores en los nuevos planes de pensiones de empleo de impulso público.
“La visión que ha dado el señor Escrivá es bastante colectivista y optimista, y obvia la responsabilidad individual y el papel de los asesores”, que “es fundamental para un objetivo de ahorro a largo plazo”, consideró.
Enmiendas “trufadas de odio ideológico”
Al ser preguntada por qué puede salir de la ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, fue rotunda al responder que “nada” e indicar que los grupos parlamentarios no han formulado una enmienda a la totalidad por una cuestión de “estética política”. “Se oponen a cualquier desarrollo de la previsión complementaria porque en su ideología es restar espacio al primer pilar”.
Por el contrario, “los grupos que tradicionalmente no apoyan al gobierno pero que están en sintonía como para poder negociar” han presentado enmiendas que buscan que crezcan los incentivos para trabajadores y empresas. “Que se quede como está porque algunas enmiendas dan miedo porque están trufadas de odio ideológico”, añadió Herce.
Casi en el mismo momento en el que tenía lugar la charla, el Gobierno vetaba la tramitación en el Congreso de un total de 27 enmiendas que PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, PDeCAT y Junts, propusieron al proyecto de ley y lo ha hecho alegando que supondría un recorte en los ingresos públicos, una potestad que le otorga la Constitución en su artículo 134.6. Aunque muchas coincidían entre ellas, el total acumulado en impacto presupuestario estimado asciende a 2.311 millones de euros.
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