El sindicato que ha pedido al Comité de Competición expedientar a Florentino Pérez, además de estar liderado por el árbitro que amenazó al Real Madrid (Pablo González Fuertes), está también formado por cinco ‘negreiros’ y por ocho árbitros en activo. Esto supone una lógica contradicción en la justicia deportiva: quienes tienen que hacer de jueces en el terreno de juego piden abiertamente sanciones para uno de los equipos (y su presidente) a los que tienen que impartir justicia.
AESAF, este sindicato que creó Pablo González Fuertes en el verano de 2025, pocas semanas después de amenazar al Real Madrid en la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey, ha denunciado a Florentino Pérez ante el Comité de Competición porque, a su juicio, las declaraciones del presidente del Real Madrid «no pueden ampararse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva».
El comunicado de AESAF y su petición de que se abra un expediente disciplinario viene a dar la razón al propio Florentino Pérez, que puso de manifiesto en su rueda de prensa del pasado martes cómo muchos de los árbitros actuales «siguen siendo los mismos» que estaban en la época de Negreira en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), pese a saber ya que el Barcelona pagó más de siete millones de euros durante dos décadas.
Y es que este sindicato es liderado por González Fuertes, un colegiado que ahora hace labores de VAR y ha demostrado en varias ocasiones su animadversión contra el Real Madrid en decisiones arbitrales, está formado, como promotores, por cinco ‘negreiros’, es decir, colegiados que estuvieron en la época de Negreira e incluso que fueron clientes o beneficiados de José María Enríquez Negreira o su hijo.
Además, todos los promotores de este sindicato son árbitros en activo, ya sean colegiados que dirigen los encuentros en el césped o estén al mando del VAR, donde también se deciden acciones polémicas. Como se publicó en el BOE, los promotores de este sindicato son Carlos del Cerro Grande, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera y el ya mencionado Pablo González Fuertes. Todos son árbitros de campo en la actualidad, a excepción de Del Cerro Grande y González Fuertes, que están en el CAR, es decir, en activo.
Así, esos árbitros que están dirigiendo en la actualidad tendrán que impartir justicia al Real Madrid (equipo del que ya se quejaron en su momento), club que preside Florentino Pérez, al que ahora denuncian. Sin embargo, no se atreven desde este sindicato a decir nada de Joan Laporta y el Barcelona, que también se quejaron de los árbitros y pusieron en tela de juicio la integridad de los colegiados. O más recientemente de Gerard Piqué, que ha insultado y amenazado a árbitros, y al que inhabilitaron, sí, pero no por la denuncia o acciones de este sindicato arbitral.
Es tal la inquina de este sindicato formado por ‘negreiros’ y árbitros en activo que incluso piden al Comité que se coarte la libertad de expresión de Florentino Pérez. «La AESAF solicita además que el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento al Sr. Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento», dicen.
