El caso del Manchester City y el firme comunicado de la Premier League anticipando sanciones históricas por incumplimientos en el control financiero y por ocultación de información invitan a reflexionar sobre la gestión económica del FC Barcelona en los últimos años. Resulta obligado repasar la secuencia de operaciones contables e ingenios financieros empleados por la entidad azulgrana para generar margen en el límite salarial y poder inscribir futbolistas, algunas de ellas plenamente legítimas, pero otras basadas en vacíos normativos o auténticas ficciones contables.
El primer antecedente de este comportamiento se encuentra en el intercambio de jugadores mediante plusvalías infladas, una práctica por la que ya fue sancionada la Juventus en Italia. El mecanismo consistía en intercambiar futbolistas antes del cierre del ejercicio económico imputándose un precio desorbitado para generar una plusvalía inmediata con la que tapar pérdidas, mientras que el coste del fichaje entrante se difería en varios años a través de la amortización. El traspaso de Miralem Pjanic por Arthur Melo o el movimiento con Jasper Cillessen respondieron a este esquema. Son sólo dos ejemplos, hubo más. Aunque probablemente LaLiga no validó el importe total pretendido por el Barcelona y computó una cifra menor, la maniobra buscaba oxigenar las cuentas de forma totalmente artificial.
Posteriormente, llegó la venta del 25% de los derechos de televisión a un fondo de inversión, una palanca económica frente a la cual no cabe reproche alguno. Se trató de una transacción a precio de mercado sobre un activo real que aportó un margen salarial extraordinario, a pesar de comprometer los ingresos futuros del club. Sin embargo, al resultar insuficiente para inscribir a incorporaciones como Jules Koundé, Raphinha o Robert Lewandowski, la directiva activó la venta de Barça Studios.
En esa operación se vendió el 49% de una filial con una facturación testimonial de 500.000 euros por una valoración global de 200 millones, pretendiendo anotarse además una plusvalía contable adicional de 208 millones sobre el 51% restante que la Liga rechazó. Los supuestos compradores, Orpheus Media y Socios.com, abonaron únicamente 10 millones de euros de adelanto y jamás hicieron frente a los 90 millones restantes que les correspondían a cada uno. El propio presidente Joan Laporta admitió después que con Orpheus acordaron esa aportación inicial con la promesa del club de buscar sustitutos que asumieran el compromiso final, sin intención real de ejecutar el contrato. La Liga acabó retirando ese límite salarial, pero el objetivo de inscribir a los futbolistas ya se había consumado sin que la normativa previera sanción alguna por la posterior inejecución de lo acordado ni haber iniciado el club acciones judiciales para exigir el cobro.
El patrón volvió a repetirse con la operación de los palcos VIP para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Ante la urgencia por acreditar 100 millones de euros, LaLiga aceptó un informe de unos auditores que solo trabajaron un único día para el club certificando la existencia de dicha plusvalía. El visto bueno permitió tramitar las inscripciones y renovaciones deseadas antes de que el auditor principal del club desmintiera la operación por no poder registrarse contablemente en ese momento. Fue entonces cuando la Liga descontó los 100 millones.
Aunque posteriormente entraron 70 millones comprobándose que el activo poseía valor real, la maniobra permitió sortear los plazos de control. A ello se suma la controversia con el patrocinio de la República Democrática del Congo, anunciado e imputado contablemente, pero posteriormente desaparecido sin constancia de si se ha producido el cobro total. La acumulación de estas artimañas evidencia la urgencia de ajustar la normativa para evitar agravios comparativos con otras grandes ligas europeas. El ejemplo de la Premier está resultando especialmente claro en este caso.
