Las explicaciones de Barcala del escándalo de las viviendas no convencen: hasta Vox le pide que dimita

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 05/02/2026 19:05
  • Actualizado: 05/02/2026 19:05

Las explicaciones del alcalde de Alicante, Luis Barcala, acerca del escándalo de las viviendas de protección pública en Alicante no han convencido a ninguna formación de las que cuentan con representación municipal. Todos, incluido Vox, y en su caso por dos veces, le han reclamado la dimisión en el transcurso de un Pleno extraordinario solicitado por la oposición después de que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la hasta ahora directora general, María Pérez-Hickman tuvieran que dimitir tras destaparse, en el caso de Rocío Gómez, que era adjudicataria de una de las viviendas, como los dos hijos de Pérez-Hickman. El Pleno, además, ha arrancado sólo unos minutos después de que se conociera que el actual jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, acababa de dimitir también por su relación con esas mismas viviendas.

Además, todos los grupos políticos han apoyado la creación de una comisión de investigación municipal en torno a este caso. Y, también Vox, ha solicitado este mismo jueves la creación de otra comisión de investigación, en este caso en las Cortes Valencianas en torno al monumental escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. En medio de este jaleo, también ha aflorado que dos familiares de la dimitida Rocío Gómez también cuentan con viviendas en una promoción que ya ha pasado a la historia más oscura de la adjudicación de viviendas en Alicante.

La concejal de Vox, Carmen Robledillo, ha preguntado cuándo tuvo conocimiento el Consistorio de las escrituras de compraventa de la citada promoción. Según esta edil, a partir de agosto de 2025 se presentaron ante la Concejalía de Hacienda comunicaciones para liquidar la plusvalía de esas mismas viviendas. Y, en ese documento, «ya aparecían los nombres de los beneficiarios». En referencia a que, en ese momento, supuestamente, ya se conocían los casos de Rocío Gómez y María Pérez-Hickman: «¿Qué funcionario llevó a cabo la liquidación de la plusvalía?,» ha preguntado la edil de Vox.

Además, Robledillo ha denunciado que según el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), Rocío Gómez «no modificó la relación de bienes, ni que era cooperativista». Y ha preguntado al alcalde si conocía que la edil de Urbanismo era cooperativista de Les Neus: «Usted ha conseguido que se hable de los pisos de Alicante a nivel nacional en lugar de la corrupción de la izquierda», ha concluido Carmen Robledillo dirigiéndose a Luis Barcala.

Pero, además, también, los portavoces de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, la izquierda en bloque, ha exigido la dimisión de Luis Barcala por el escándalo de las citadas viviendas.

Las explicaciones del alcalde

Por su parte, Luis Barcala ha respondido una a una a todas las preguntas que se adjuntaban en la petición del Pleno extraordinario por parte de la oposición. El alcalde ha confirmado que en el caso de Rocío Gómez, además de la ya ex concejal de Urbanismo, otros dos familiares de la misma, tienen viviendas en esa misma promoción.

Barcala, en el inicio de su intervención, ha pedido disculpas a todos los alicantinos por un escándalo que «le abochorna». Y ha dejado claro que él desconocía las adjudicaciones y, también, que una concejala de su propio equipo de Gobierno, fuera una de las beneficiarias.

En el capítulo de medidas, Luis Barcala ha recordado que ya ha llevado el caso a Fiscalía, pero en lo que ha constituido la parte esencial de su intervención, que ha manifestado que: «Vamos a asegurarnos de que quien haya cometido una irregularidad, la pague». Y, en base a ello, ha adelantado que: «En lo que a mí depende no disfrutará de la vivienda quien no tenga derecho a ella». Para lo que el propio Ayuntamiento se personará como acusación particular, una vez un juez estime las correspondientes responsabilidades legales.

Barcala ha recordado que desde el primer momento fue él quien ordenó la puesta en marcha de un expediente de averiguaciones en torno a un caso que saltó porque la jefa de servicio del área de Patrimonio municipal detectó la presencia entre los adjudicatarios de nombres muy vinculados al Ayuntamientos, lo que transmitió primero a su edil, Nayma Beljilali, y, a continuación, al propio alcalde.