Casi 400 profesores de Derecho explican por carta a Juncker que quien violó la ley fue la Generalitat

Un total de 380 catedráticos y profesores de Derecho de universidades de toda España han enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que explican los acontecimientos de los últimos meses en Cataluña y afirman que quienes violaron la ley fueron las autoridades autonómicas, no el Gobierno español, la Policía o los jueces.

En la misiva, impulsada por Francesc de Carreras y Josu de Miguel, catedrático emérito y profesor titular, respectivamente, de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, se denuncia la «falsedad de las acusaciones» recogidas en la carta publicada el pasado 31 de octubre por un centenar de políticos, intelectuales y eurodiputados, entre ellos el ex ministro griego Yanis Varoukakis.

«Es ridículo acusar al Gobierno central y a los tribunales de no respetar los estándares legales de la Unión Europea establecidos en los Tratados de la UE y en la Convención Europea de Derechos Humanos cuando, en realidad, quienes actúan fuera de la ley, incluso al margen del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de las propias leyes de la Generalitat, son las autoridades catalanas», afirman.

En su opinión, el texto difundido el 31 de octubre incluye «numerosos errores factuales» y una «terrible falta de conocimiento» de la Constitución y la legislación españolas. Para responder a eso, ofrecen «una versión más ajustada» de cómo se produjo la aprobación en Cataluña de la Ley del Referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica, la actuación policial ante el referéndum del 1 de octubre o la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

No mostrar a España como una dictadura

En ella se subraya que la simpatía que se pueda sentir hacia las aspiraciones del independentismo catalán, eso «no puede ser un pretexto para presentar España como una dictadura o como un país en el que se cometen arbitrariedades políticas y judiciales». «Si esto fuera así, nosotros seríamos los primeros en denunciarlo. Pero no es el caso», añaden.

Para los 292 intelectuales que firmaron la carta en el momento de su publicación, a los que se han ido sumando otras personas hasta sumar ya 380, es «inadmisible» afirmar que las autoridades europeas consienten la violación sistemática del Estado de Derecho en España.

Según señalan, el referéndum ilegal del 1 de octubre «no cumplía ni las garantías democráticas más básicas» según los estándares europeos, y su fin era regular el «derecho de autodeterminación de Cataluña», un derecho que «no está respaldado ni por las leyes españolas ni por el Derecho Internacional».

Además, afirman que la Generalitat no puede convocar una consulta cuyos resultados «afectan directa y necesariamente a todo el pueblo español» y que, al aprobar la Ley del Referéndum, la mayoría independentista en el Parlament negó a la oposición «los derechos más básicos de participación» e ignoró a los letrados de la Cámara.

Niegan acciones represivas

Tampoco consideran que el Gobierno o el poder judicial hayan violado el derecho de reunión, el de manifestación, de participación política o la libertad de expresión. En este sentido, niegan que se hayan emprendido «acciones represivas» contra funcionarios y cargos públicos, medios de comunicación, empresas o ciudadanos.

Sobre los hechos del 1 de octubre, afirman que la Policía Nacional no hizo un uso «desproporcionado ni abusivo» de la fuerza contra los «votantes y manifestantes pacíficos» y rechazan la cifra de heridos facilitada por la Generalitat (900). Explican que, ante la «desobediencia» de las órdenes judiciales por parte de los Mossos d’Esquadra, agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que sustituirles y fueron objeto de «una verdadera emboscada».

En cuanto a la protesta del 20 de septiembre junto a la Consejería de Economía en Barcelona, por la que luego fueron enviados a prisión los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, los firmantes de la carta aseguran que «no fue pacífica en absoluto». Recuerdan los destrozos en coches de la Guardia Civil y cómo «se impidió» durante horas la salida de las autoridades policiales y judiciales que realizaban un registro.

Por último, los catedráticos y profesores de Derecho defienden la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña como la manera de «garantizar el Estado de Derecho en la UE» después de que el Parlament aprobara, aunque «sin efectos legales», la declaración de independencia.