Palma da cinco días a 200 okupas para que desalojen la antigua prisión antes de acudir a los tribunales

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 06/05/2026 13:24
  • Actualizado: 06/05/2026 13:24

El Ayuntamiento de Palma da cinco días más a los 200 okupas de la vieja cárcel de Palma —la mayoría de ellos de origen magrebí— para que desalojen la prisión antes de acudir a los tribunales y de esta forma se haga efectiva la orden y forzar su salida, como todo apunta que sucederá.

Según ha informado el portavoz adjunto del Consistorio y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, la Junta de Gobierno ha acordado notificar a los residentes su salida en un plazo de cinco días tras desestimar 45 alegaciones contra el desalojo, en un proceso que se prolonga ya más de dos meses.

En este sentido, Bauzá ha explicado que «ya se ha dado respuesta» a los requerimientos de los residentes, que tendrán hasta el lunes próximo para abandonar el edificio por su cuenta.

Por otra parte, el portavoz ha admitido que, de tener que resolverse por la vía judicial, no hay un plazo estimado para la salida de los moradores. «Son las vías judiciales quienes lo tienen que determinar», ha afirmado.

La antigua prisión de Palma se ha convertido en un epicentro de delincuencia: peleas entre okupas, incendios, robos y consumo de drogas son parte del día a día. La okupación de este degradado inmueble municipal se remonta a la pasada legislatura cuando la pasividad del gobierno del ex alcalde socialista José Hila permitió que se establecieran allí.

En total se ha contabilizado la presencia de 206 personas, la mayoría (80%) son hombres de entre 23 y 35 años. No se ha detectado la presencia de menores de edad.

Alrededor del 70% de las personas identificadas son de origen magrebí (todo hace indicar que llegaron en pateras a Mallorca), a quienes siguen un 15% de españoles y un 10% de colombianos. El resto procede de otros países de América Latina, aunque estos datos también deben ser cotejados con las fuerzas de seguridad.

A estas 206 personas hay que sumar otras 60 que residen de manera irregular en las viviendas del antiguo recinto penitenciario, que no han sido objeto del censo ya que su desalojo se llevará a cabo en una fase separada.

Los okupas que residen allí desde hace años se han apoderado del sitio y alquilan infraviviendas sin luz ni agua, a precios desorbitados que llegan a los 300 a 400 euros por estancia. Los nuevos inquilinos se encuentran con habitaciones improvisadas en módulos de las celdas y tienen que convivir con perros sueltos, gatos y ratas de gran tamaño.