La asociación Plis denuncia la infrafinanciación de la enseñanza concertada

La Asociación de profesores ‘PLIS. Educación, por favor’, ha advertido este miércoles que la «infrafinanciación pública» de los centros escolares concertados provoca el traslado del coste de su mantenimiento a las familias.

En nota de prensa, la Asociación ha explicado que la Conselleria de Educación publicó, el pasado mes de mayo, el informe ‘Indicadores del Sistema Educativo de Baleares 2021 (datos del curso 2018-2019)’. En dicho documento, el Govern cifró el coste de una plaza escolar en centros públicos en 6.767 euros y el coste de una plaza en concertados, en 5.672.

No obstante, han considerado que «los datos ofrecidos distan de ser transparentes, porque escamotean el coste real de una plaza escolar en centros concertados, ofreciendo solo el coste agregado de la plaza pública y concertada». Por ello, la Asociación, partiendo de los informes del curso 2018-2019 y 2017-2018, así como del documento de liquidación del presupuesto 2018 de Baleares, ha calculado que «el coste real» de la plaza escolar en un centro concertado de las Islas es de 3.426 euros.

Con todo, han considerado que este gasto real que «esconde» la Conselleria supone «un importante ahorro para las arcas públicas a costa del esfuerzo de las familias».

En este sentido, han criticado que, como los centros concertados no pueden sostenerse con ese presupuesto, «no tienen más remedio que buscar alternativas de financiación, cargadas en las cuentas bancarias de las familias en forma de actividades extraescolares, compras de libros o explotación de las infraestructuras», entre otras.

Además, han censurado que «instituir la enseñanza obligatoria y gratuita y obligar a que los padres costeen parte de esa enseñanza supone incumplir la Constitución», informa ‘Europa Press’.

Asimismo, han señalado que esta «infrafinanciación de la escuela concertada es la principal causante de la segregación escolar, ya que solo familias con cierto poder adquisitivo podrán aportar el dinero que la administración se niega a transferir».