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El alcalde de Palma sigue su batalla contra los okupas: tras la antigua prisión, ahora a por dos locales municipales

Ubicados en Can Pastilla y Establiments, da 10 días a los inquilinos para presentar alegaciones

Si no acatan la orden de desalojo, lo solicitará a la Policía y les repercutirá los gastos ocasionados

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sigue su batalla y planta cara a los okupas y ha iniciado el camino para recuperar dos inmuebles municipales. Todo ello después de que el pasado mes de junio lograra, en menos de un mes, el desalojo de la abandonada antigua prisión que llegó a albergar más de 200 okupas a lo largo de las dos últimas legislaturas bajo el gobierno de los socialistas en la capital balear.

El primer edil del PP ha tramitado el inicio del expediente para recuperar de oficio un inmueble municipal situado en la calle Estepa, en el barrio palmesano de Establiments, tras detectar un uso privativo de la parcela y la ejecución allí de obras no autorizadas.

La situación fue descubierta durante una inspección rutinaria realizada por técnicos del Servicio de Accesibilidad y Ocupación de la Vía Pública por Obras (Sacov). En la parcela, de titularidad municipal y calificada como zona verde, se habían ejecutado diferentes actuaciones no permitidas y que se remontan al año 2014.

Como de los datos del expediente no está clara la identidad de la persona o personas ocupantes, pero sí queda identificado el acceso a través del inmueble vecindario, los letrados municipales consideran que debe iniciarse el expediente de recuperación contra todos y cada uno de los titulares catastrales de este bien.

Además, el Ayuntamiento también acordaba esta semana iniciar otro expediente paralelo para recuperar de oficio otro espacio municipal situado en Can Pastilla.

En teoría, el Consistorio tiene constancia desde 2015 de la ocupación de este espacio por parte de un particular y ha advertido de que esta situación impide el desarrollo urbanístico previsto para la zona, además de dificultar la planificación de la movilidad en el entorno.

En este caso le concede un plazo de 10 días para que comparezca y pueda hacer las alegaciones que considere pertinentes. Transcurrido el cual, sin que haya habido alegaciones, se considerará que está conforme al dejar libre y vacío el espacio en cuestión; ya tal efecto, dispondrá de un plazo de ocho días para ejecutarlo. Si no lo hace, el gobierno municipal ya advierte que se adoptarán las medidas pertinentes para la recuperación del bien, pudiendo solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y repercutirle los gastos ocasionados.