Una mujer okupa la casa de un octogenario al que acusa falsamente de acoso sexual para evitar el desalojo

Una mujer de 21 años, de nacionalidad española, okupa la casa de un hombre de 80 años y le acusa falsamente de acoso sexual para evitar ser desalojada. Sin embargo, la Policía Nacional ha terminado deteniendo a la delincuente.

La Policía Nacional ha detenido en Granada a una joven española de 21 años después de que denunciara en falso a un octogenario, propietario de la vivienda que estaba ocupando de forma ilegal, por allanamiento de morada, acoso sexual y exhibicionismo con el objetivo de permanecer más tiempo en este domicilio.

La mujer, que reside en la vivienda junto a su hijo de dos años y su cuñada, de 31, denunció que el propietario accedió al domicilio, ubicado en una planta baja, por una ventana cuando estaban durmiendo la siesta y que se bajó el pantalón para mostrar sus partes íntimas.

La joven llegó a afirmar que le había propuesto relaciones sexuales a cambio de la propiedad del piso, todo ello según dijo en presencia del menor, tras lo que comenzó a gritar y a dar manotazos al anciano.

Como testigo presentó a su propia cuñada que, junto a una amiga que supuestamente estaba en la vivienda, dijo ver al anciano desnudo, y que huyó por la ventana al verlas entrar en el dormitorio.

No obstante, los agentes pudieron determinar que el anciano tenía serios problemas de movilidad debido a una lesión lumbar que le imposibilitaba acceder a través de una ventana al domicilio.

Igualmente el día de los hechos esta persona no se encontraba allí, ya que reside en otra provincia y llegó a Granada al día siguiente para asistir a un juicio por usurpación de su inmueble que tenía por parte de la otra moradora ilegal, la cuñada de la denunciante.

Esta clase de denuncias falsas distraen a los agentes de su cometido, en detrimento de la resolución de otros casos reales. Por este motivo la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental reclama a los detenidos o investigados los gastos de las investigaciones, que de media oscilan entre los 200 y 1.000 euros, a lo que se suma el procedimiento judicial que deben afrontar.