Marlaska desprotege a la Guardia Civil que lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol: no tienen ni chalecos ni armas individuales
A las limitaciones de combustible se suma el estado de parte de la uniformidad y de las dotaciones técnicas
El informe alerta de un aumento de la presión y del desgaste entre las plantillas debido a las dificultades
La Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera afrontan importantes carencias de medios materiales en la Costa del Sol en un momento marcado por el incremento de la actividad del narcotráfico y del crimen organizado. Un informe elaborado a partir de testimonios de agentes y funcionarios alerta de deficiencias que afectan tanto a la seguridad de los propios efectivos como a su capacidad para desarrollar labores de vigilancia, prevención y respuesta frente a las organizaciones criminales.
OKDIARIO ha tenido acceso al informe, que recoge las dificultades a las que se enfrentan los efectivos destinados a combatir el narcotráfico en Málaga. Entre las principales carencias señaladas figura la ausencia de chalecos antibalas asignados individualmente a los funcionarios operativos del Servicio de Vigilancia Aduanera, pese a que desarrollan actuaciones contra organizaciones potencialmente armadas.
El documento también pone el foco en el armamento. Los testimonios recogidos alertan de que los funcionarios no dispondrían de armas cortas reglamentarias asignadas de manera individual, por lo que tendrían que utilizar las disponibles en las embarcaciones y compartirlas entre distintos efectivos.
El informe llega a señalar incluso que se habría planteado que los propios funcionarios asumieran el coste de adquirir tanto su arma corta como el chaleco antibalas necesario para desarrollar sus funciones con mayores garantías de seguridad.
Restricciones de combustible y menos patrullas
La situación también afecta a la Guardia Civil. El informe alerta de restricciones presupuestarias y de combustible que estarían condicionando las salidas de los agentes. Según los testimonios recogidos, las patrullas se habrían reducido hasta quedar limitadas principalmente a las actuaciones consideradas indispensables, especialmente aquellas relacionadas con situaciones de emergencia.
A las limitaciones de combustible se suma, según el documento, el estado de parte de la uniformidad y de las dotaciones técnicas. El informe recoge que existiría material desfasado que no respondería adecuadamente a las actuales necesidades operativas de los agentes.
Desgaste de las plantillas
Las carencias materiales tienen además una consecuencia sobre los propios efectivos. El informe alerta de un aumento de la presión y del desgaste entre las plantillas debido a las dificultades para desarrollar con normalidad las labores preventivas y al hecho de que buena parte de las intervenciones terminen concentrándose en situaciones críticas.
Los testimonios apuntan así a elevados niveles de estrés y desgaste psicológico entre los profesionales que trabajan sobre el terreno. Una situación especialmente relevante en una zona en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afrontan de manera habitual operaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
Las deficiencias recogidas en el informe afectan, por tanto, a elementos básicos de la operativa diaria: protección individual, armamento, combustible, equipamiento técnico y capacidad de patrullaje. Todo ello mientras las organizaciones criminales disponen de estructuras cada vez más complejas y recursos que les permiten mantener su actividad en la Costa del Sol.
Ante esta situación, la diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha reclamado al Gobierno explicaciones sobre los medios disponibles para la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Rueda ha exigido una respuesta «permanente, coordinada y dotada de los recursos necesarios para que los agentes puedan hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado en condiciones adecuadas». La diputada también ha pedido conocer qué medios tienen actualmente los efectivos destinados en Málaga y qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para corregir las deficiencias recogidas en el informe.
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