Un juez investiga si un directivo de la Junta socialista enchufó a un alcalde del PSOE en los cursos de formación

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 14/10/2020 17:17
  • Actualizado: 14/10/2020 17:54

El directivo de la Junta de Andalucía que se gastó más de 30.000 euros de los andaluces en prostíbulos (15.000 euros en apenas dos días), enchufó a dedo al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la empresa privada a través de la cual los socialistas contrataban a sus amigos para cobrar un sueldo público… sin ser funcionarios.

Y es que el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha ordenado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación derivados de la contratación «injusta y arbitraria» del citado ex primer edil en la Faffe, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos.

En su auto, el juez José Ignacio Vilaplana resuelve continuar la causa por el procedimiento abreviado, porque «no se estima necesario la práctica de nuevas diligencias instructoras, por cuanto el resultado de las practicadas resulta revelador de la naturaleza indiciariamente delictiva de los hechos investigados (…), destacando al respecto la investigación policial realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; documental relativa a los sistemas y procesos de contratación de la Faffe, vinculación laboral con la misma, expediente personal de Antonio Torres García y testificales practicadas».

PSOE

Las contrataciones de la extinta Fundación Faffe están siendo investigadas tras la denuncia del SAF, el Sindicato Andaluz de Funcionarios. El documento presentado aportaba una lista de 85 contratados presuntamente «por razones de clientelismo político o nepotismo» en esta  fundación que tenía como actuación principal formar a los parados de la Junta de Andalucía.

Esto fue archivado al no apreciar indicios de delito, pero ahora otro magistrado, José Ignacio Vilaplana, ha remitido el caso a la Guardia Civil con el fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) pueda ampliar esta investigación.

La investigación afecta a numerosos trabajadores que tenían vínculos directos con el PSOE en Cádiz pues en aquel tiempo tuvieron un contrato en la administración autonómica y muchos de ellos pasaron de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Se establece que hubo trabajadores contratados sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación. Se describe que hasta tres de ellos tienen alguna relación familiar con Fernando Villén, director general de la Faffe y ex secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE.