El PP se plantea llevar a Sánchez a los tribunales por vulnerar los límites de los decretos ley

Así lo ha asegurado, en rueda de prensa en el Congreso, la portavoz adjunta del Grupo Popular María Jesús Bonilla, quien ha apuntado que el PP está estudiando «todas las opciones legales posibles» frente al «carnaval de decretazos» que, a su juicio, este viernes ha iniciado Sánchez.

Bonilla ha acusado al Ejecutivo de estar haciendo un uso «indebido» de los decretos ley porque sus contenidos no son de urgente necesidad, porque «ponen en riesgo» la estabilidad presupuestaria y porque contemplan medidas «electoralistas».

«No puede ser que Sánchez utilice, una vez más, los recursos públicos, en este caso La Moncloa, para hacer electoralismo», esto es, «para su propio beneficio», ha denunciado, incidiendo que ese proceder va en contra del derecho de los partidos a competir en los comicios en igualdad de condiciones. «Ha empezado la dirección de la campaña electoral del PSOE y eso no es tener ningún respeto a la democracia y a la potestad legislativa que la Constitución otorga a los decretos ley», ha remachado.

Veinte decretos el PSOE, 2 el PP

Bonilla ha contrastado los 20 decretos ley aprobados en periodo electoral durante gobiernos socialistas con los dos que se aprobaron durante gobiernos del PP para denunciar, a renglón, seguido, que Sánchez pretenda utilizar ahora de forma «torticera» la Diputación Permanente del Congreso –el órgano que sustituye al Pleno entre legislaturas– para sacar adelante unas «promesas» que el PP duda que se puedan ya no cumplir si no pagar.

Así las cosas, la diputada ‘popular’ ha señalado que su partido estudiará todos estos decretos y estará «muy atento» a que si cumplen o no con la Ley Electoral para, en su caso, actuar «en consecuencia». Y es que, según ha destacado, el artículo 50 de la citada norma establece que en periodo electoral, esto es desde la disolución de las Cortes hasta la celebración de las elecciones, están prohibidos los actos de inauguración y las campañas institucionales de propagada.

«Igual que no se pueden inaugurar una carretera no es legítimo que Sánchez utilice decretos ley para desde Moncloa decir que trabaja por los españoles –ha abundado–. Eso no es justo, no es ético y es poco democrático».