La Guardia Civil investigó a la empresa chapucera del escrutinio del 26-M por el referéndum del 1-O

La Guardia Civil tomó como declaración a Pere Vallès Fontanals, dueño de la empresa a la que el Ministerio del Interior le adjudicó el contrato del escrutinio de las elecciones del 26-M. El consejero delegado de la mercantil, denominada ‘Scytl Secure Electronic Voting SA’, se reunió con la empresa pública catalana de informática CTTI para diseñar un software para realizar el referéndum ilegal del 1-O.

Según la declaración de Vallès Fontanals, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, recibió una llamada telefónica por parte de Josué Salent, directivo de CTTI, para concertar un encuentro presencial. En dicha reunión, que se llevó a cabo en la sede de la empresa del escrutinio del 26-M, el directivo de CTTI le trasladó a Vallès Fontanals que la Generalitat de Cataluña quería comprar un software para poder gestionar la realización de referéndums sin la ayuda de ningún proveedor.

Tras este primer encuentro, se produjo una segunda reunión. En esta ocasión no acudió el dueño de la empresa del escrutinio del 26-M, sino uno de sus directivos, Javier Gil. En esa segunda reunión se trataron las necesidades y capacidades del programa informático que deseaban adquirir.

En ese encuentro, el directivo de la empresa pública catalana de informática CTTI le trasladó a la empresa del escrutinio del 26-M que querían que el encargo se llevara a cabo antes del mes de agosto. También se pactó el precio, que estaría «entre una horquilla de uno o dos millones de euros».

Ocho millones

Con estos precedentes, y habiendo sido interrogada por la Guardia Civil, el Ministerio del Interior adjudicó a Scytl el contrato de “obtención y difusión del escrutinio provisional de resultado durante las Elecciones Locales y al Parlamento Europeo de 26 de mayo”.

En concreto, el contrato fue otorgado a través de la Dirección General de Política Interior a la UTE Scytl-Vector por valor de 8.767.249,16 euros. El acta de formalización del contrato está firmado por Klaus Thalmann Ramos, representante de la UTE, y por parte Carmen López García, actuando en nombre del órgano de contratación.

De hecho, no era la primera vez que la empresa del escrutinio del 26-M interrogada por la Guardia Civil contrataba con la administración pública. En 2017 ya se le adjudicó otro gran contrato: 387.069,80 euros por realizar un proceso electoral interno al Consejo de la Benemérita. La formalización del contrato fue realizada por el Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.

El Ministerio del Interior, tras contabilizar en su web un retraso de más de 50 minutos en la aparición de los datos del escrutinio la pasada noche electoral y tras haber reconocido errores en el volcado de los datos del recuento electoral, ahora ha emitido un comunicado en el que culpabiliza de los fallos a la empresa encargada del volcado de los datos, la UTE Scytl-Vector, y asegura que dichos errores se van a subsanar.