Las sanciones ya están aquí: primeras restricciones confirmadas para estos coches diésel en España

En los últimos años, la movilidad urbana en España ha iniciado un proceso de transformación sin precedentes, impulsado por la urgencia de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. Esta evolución se ha acelerado en 2025 con la entrada en vigor de restricciones a la circulación de coches antiguos, especialmente aquellos con motores diésel de más de una década de antigüedad, así como automóviles de gasolina matriculados antes de 2007. Las medidas, ya en marcha en más de 30 ciudades, suponen un punto de inflexión para millones de conductores, marcando el inicio de una nueva era en la que los criterios medioambientales pesan más que nunca en las políticas de movilidad urbana.

La creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en prácticamente todas las grandes ciudades del país se traduce en prohibiciones progresivas que afectan ya a más del 30% del parque automovilístico español. Estas zonas restringidas no son meras recomendaciones: implican sanciones económicas y, en muchos casos, la imposibilidad de circular por ellas. El objetivo es claro: limitar el uso de vehículos más contaminantes y fomentar una movilidad más sostenible, tanto en términos de emisiones como de eficiencia energética.

Restricciones a los coches diésel

El número de coches afectados por las nuevas normativas es considerable. Según estimaciones recientes, más de nueve millones de vehículos circulan en España con la etiqueta B de la Dirección General de Tráfico (DGT), la distintiva pegatina amarilla que identifica a los coches diésel fabricados entre 2006 y 2015, así como a los de gasolina producidos entre 2001 y 2006.

Las primeras restricciones han comenzado a aplicarse ya con carácter oficial. Bilbao se convierte esta semana en una de las primeras ciudades españolas en dar un paso firme: a partir del 15 de junio de 2025, los vehículos con etiqueta B no podrán acceder a su ZBE durante los días laborables entre las 7:00 y las 20:00 horas. La medida incluye sanciones de hasta 200 euros para quienes infrinjan la normativa, según recoge su nueva ordenanza municipal.

Bilbao no está sola. Otras localidades como Madrid, Getafe y Estepona han tomado decisiones similares en los últimos meses. Madrid, por ejemplo, ya aplica restricciones dentro de su Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) en el Distrito Centro, en donde se ha vetado el acceso a los vehículos más antiguos y contaminantes. Estas iniciativas no son aisladas ni coyunturales: forman parte de una estrategia nacional coordinada para alcanzar los compromisos climáticos adquiridos a nivel europeo y garantizar un aire más limpio en los entornos urbanos.

Los próximos pasos

A medio plazo, el panorama para los coches diésel con etiqueta B no parece alentador. Ciudades como Málaga y Palma de Mallorca ya han anunciado restricciones más severas a partir de enero de 2027, mientras que otras como San Sebastián y todas las ZBE de Cataluña se preparan para aplicar prohibiciones totales desde principios de 2028.

En el caso catalán, la Generalitat ha confirmado la aprobación de un nuevo Plan de Calidad del Aire que obligará a limitar la circulación de vehículos con etiqueta B en sus 23 ciudades con ZBE activa. Este plan prevé, a partir de 2026, restricciones en días de alta contaminación, cuando se activen los protocolos especiales. Con esta estrategia, Cataluña busca liderar el proceso de transformación del parque móvil español hacia un modelo más limpio y respetuoso con el medio ambiente.

El futuro del vehículo privado

Con las ZBE extendiéndose por todo el territorio español, y aumentando las restricciones a los coches con etiqueta B, parece evidente que el futuro del vehículo privado pasa por su electrificación o, al menos, por su adaptación a tecnologías más limpias como los híbridos enchufables o los coches propulsados por hidrógeno. Las etiquetas C, ECO y 0 Emisiones ganan protagonismo en éste nuevo contexto, asegurando no sólo libertad de movimiento, sino también acceso a beneficios fiscales, subvenciones y facilidades de aparcamiento en muchas ciudades.

El mercado automovilístico ya refleja este cambio de tendencia: las matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos no dejan de crecer, y los fabricantes intensifican sus esfuerzos por electrificar sus catálogos. A la vez, los ciudadanos se enfrentan al reto económico que supone renovar su vehículo, especialmente aquellos con menor poder adquisitivo o que viven en zonas donde la oferta de transporte público no es suficiente.

Más allá del debate sobre la movilidad privada, estas nuevas medidas se inscriben en una estrategia más amplia orientada a proteger la salud pública. En definitiva, la entrada en vigor de restricciones para los coches diésel de más de 10 años y los gasolina previos a 2007 representa un hito en la historia de la movilidad en España.

Es una medida que, aunque impopular para algunos, se antoja imprescindible para avanzar hacia ciudades más limpias, saludables y habitables. Lo que comenzó con simples etiquetas informativas se ha convertido ya en una política pública con consecuencias reales y profundas, que cambiará para siempre la forma en que nos movemos.