El aviso de un bufete de abogados sobre la baliza V16 que hace temblar a la DGT
A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España deberán contar con una baliza V16 homologada, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. Esta medida, promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca mejorar la seguridad vial, pero su implementación ha generado una gran polémica. Ahora, un bufete de abogados de Barcelona, Sparta Jurídicos, ha revelado que la obligación de llevar la baliza podría ser inconstitucional y vulnerar el principio de legalidad.
La baliza V16 es un dispositivo luminoso de alta intensidad, capaz de emitir luz 360 grados durante un mínimo de 30 minutos. Incluye un chip GPS y, en algunos modelos, conectividad para enviar la ubicación del vehículo inmovilizado a las autoridades. La DGT ha defendido su eficacia, argumentando que elimina los riesgos asociados a que los conductores coloquen manualmente los triángulos en carretera. Pese a estas afirmaciones, numerosos vídeos compartidos en redes sociales muestran escenarios en los que la baliza parece poco efectiva, especialmente en curvas o cambios de rasante.
¿La baliza V16 es inconstitucional?
Sparta Jurídicos, un bufete especializado en derecho administrativo y tráfico, ha aprovechado esta controversia para cuestionar la legalidad de la medida. A través de sus canales oficiales en Instagram, han publicado una serie de vídeos en los que aseguran que la obligatoriedad de la V16 carece de los informes técnicos y estudios de impacto que la ley exige para implementar modificaciones normativas que afecten a los ciudadanos. Según los abogados, sin dichos informes no se puede demostrar la utilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, lo que la convierte en «arbitraria e inconstitucional».
Según el bufete de abogados Sparta Jurídicos, la exigencia de llevar la baliza V16 podría ser ilegal, ya que, según los artículos que regulan la actuación de los órganos públicos, cualquier medida debe estar justificada. El artículo 26 de la Ley del Gobierno (50/1997, de 27 de noviembre) establece que: «Corresponde al Gobierno la iniciativa de la política general del Estado, y todas las medidas que adopte deberán estar justificadas en cuanto a su utilidad, necesidad y proporcionalidad respecto a los fines que se persiguen.»
Por su parte, el artículo 4 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (40/2015, de 1 de octubre) indica que: «Los órganos del sector público actuarán conforme a los principios de legalidad, eficacia, proporcionalidad y motivación, debiendo justificar cualquier decisión que afecte a derechos u obligaciones de los ciudadanos.»
Uno de los puntos más controvertidos se refiere a las posibles sanciones. El reglamento que establece la obligatoriedad de la baliza no aparece en el listado de infracciones contempladas en la Ley de Tráfico. Esto ha llevado a los abogados a afirmar que multar por no llevar la baliza violaría el principio de legalidad, que exige que las conductas sancionables estén previamente tipificadas en la ley. «El hecho de que un reglamento obligue a llevar un dispositivo no implica que la autoridad pueda imponer sanciones automáticamente. Sin estudios y justificación técnica, cualquier multa sería recurrible», explican.
En un segundo vídeo, el bufete aclara que la ley de tráfico permite regular dispositivos mediante reglamentos, pero subraya que cualquier norma administrativa debe cumplir criterios de proporcionalidad, motivación y evidencia técnica. Si no se cumplen estos requisitos, el reglamento podría impugnarse judicialmente por desviación de poder o falta de motivación, incluso aunque esté publicado en el BOE.
Sin embargo, según el director general de Tráfico, Pere Navarro, «la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».
Y añade: «es una mejora, un pequeño avance en el tema de seguridad. El objetivo es consolidar que a lo largo del año que viene se normalice el uso de la baliza. Cuando hay una novedad, cualquier medida nueva, la policía es flexible. Durante un tiempo razonable, cuando te paran te informan, no va directamente a multar. No habrá ninguna campaña específica para parar a todos los vehículos y comprobar si llevan la V16. No se hizo nunca con el triángulo y no se va a hacer con la V16. Entonces, la policía te va a pedir el seguro, la ITV y que le enseñes si llevas la V16. El IMEI de la baliza es únicamente un elemento de certificación y la DGT no geolocaliza a nadie.
Cuando tú lo compras no te piden ningún dato. No sabemos de quién es. Ni siquiera sabemos la matrícula del vehículo ni el modelo. No nos interesa. Todas las balizas llevan el nombre del laboratorio y un número largo, que es el número de inscripción. Si entran a la web de la DGT, ponen el número de inscripción y les dirá si está conectada o no».
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