Shakira y su ‘guerra’ con Hacienda: repasamos todas las claves previas al juicio

Shakira se ha posicionado como uno de los personajes más habituales de la crónica social internacional de los últimos tiempos. Y no solo por su sonada ruptura sentimental con Gerard Piqué, sino también por sus constantes problemas judiciales con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los cuales no ha tratado de ocultar ni en las letras de sus propias canciones, donde asegura con frases como «me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», que su guerra fiscal continúa vigente.

Sin ir más lejos, ha sido el pasado fin de semana cuando la cantante ha tenido que dejar su vida recién asentada en Miami para aterrizar en Barcelona y remover su pasado, con el objetivo de hacer frente a los problemas mencionados. A lo largo de doce sesiones, distribuidas entre los días 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre y 4,5,11,12,13 y 14 de diciembre, Shakira se sentará ante la Audiencia Nacional para responder a las preguntas sobre los seis delitos que recaen sobre su persona y que no son aptos ni compatibles con la legalidad de la Hacienda Pública española.

¿De qué se le acusa a Shakira?

Todo se remonta a 2018, cuando la intérprete de Monotonía fue señalada por defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Shakira siempre ha sostenido que, durante aquellos años, estaba registrada como residente de las Bahamas, algo que las autoridades no han considerado que fuera así, ya que pasó más tiempo en España que en la isla mencionada. Cabe destacar que, de acuerdo con lo reflejado en la Constitución española, un ciudadano que ha vivido más de 183 días en el territorio se le considera residente fiscal.

La querella que se impuso por aquel entonces a la colombiana alcanzaba los 12,3 millones, los cuales debería haber pagado a la Agencia Tributaria de Cataluña por su residencia en esos años. Tras el escándalo que supuso la noticia, Shakira se encargó de aclarar que había pagado la cantidad que le exigía Hacienda y que estaba tranquila porque «ya no debía nada al Estado español» pero, el caso no terminó ahí.

En junio de 2019, Shakira fue citada en el juzgado de Esplugues de Llobregat para declarar sobre lo ocurrido y, de nuevo, volvió a reiterar que ya había cumplido con lo que le obligaba la justicia española, aunque seguía defendido que entre los años señalados no estaba obligada a tributar en España. En 2020 se produce una ratificación de la investigación sobre el fraude fiscal de la artista, la cual desemboca en un nuevo informe remitido por la Agencia Tributaria en 2021 donde aseguraban que la cantante defraudó la cifra mencionada.

Tras recibir este nuevo informe, la titular del Juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat citó a los técnicos de Hacienda y a los peritos encargados del caso para declarar, con el único objetivo de exponer los puntos en los que se basan para asegurar las obligaciones fiscales de la cantante. La defensa de Shakira trató de argumentar, a través de un certificado de residencia en Bahamas, la inocencia de su cliente pero el titular del juzgado mencionado consideró que «había indicios suficientes de criminalidad» para continuar con el procedimiento.

En 2022, el equipo legal de la cantante intentó lograr un acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad Condal para conseguir rebajar la pena por los delitos de los que se le acusaba, pero finalmente fue la propia Shakira quien decidió dejar todo en manos de la ley, la cual pidió ochos años y dos meses de cárcel para la cantante, algo que le obligaba finalmente a ir a juicio para conseguir una resolución final.

Así, el proceso quedaba completamente abierto hasta este mes de noviembre, donde será la propia intérprete quien responda de nuevo a los delitos de los que se le acusan ante la Audiencia de la Ciudad Condal. No obstante, cabe recordar que, más allá de estos presuntos delitos, hace tan solo unos meses se sumaron dos más que atentaban contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio de 2018, por los que se le reclama 6,6 millones de euros.