El ‘rey de las discotecas mallorquinas’ fue acusado de homicidio y de otros 15 delitos

El ‘capo’ de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, tenía en «nómina»  a un grupo de policías locales que llevan décadas trabajando como guardia privada al servicio del empresario para hundir a la competencia. Pero, los tentáculos del ‘rey’ de los negocios en la pequeña Sicilia iban mucho más allá. Tenía comprado a políticos del Partido Popular (como el ex presidente balear Jaume Matas) y de Unió Mallorquina. En total una veintena de políticos que hacían y deshacían a su antojo.

Un terreno rústico pasaba a ser urbano de la noche a la mañana a golpe de talonario. El ‘capo’ de la noche había desarrollado una compleja red de extorsión, protección, sobornos, chantajes y prostitución vinculados al negocio de las discotecas. Además, controlaba el sector hotelero de la isla y tomó el control del Real Club Deportivo Mallorca. No había turista que pisara la isla y no visitara ninguno de sus negocios. Al mismo tiempo, el mafioso Cursach compensaba a policías y políticos que favorecían sus negocios con orgías con prostitutas, champán y cocaína.

Cae el ‘capo’

Era un gran secreto a voces. En la isla todos sospechaban de la procedencia de la fortuna multimillonaria del ‘capo’. Pero nadie se atrevía a hablar y, mucho menos, a señalarle. En 2015 cayó su ‘socio’ y competidor, Miguel Pascual, con quien se repartía el pastel. Sin embargo, el Tolo Cursach no había dejado rastros suficientes para ser descubierto.

Tuvieron que transcurrir 2 años más. Fue en febrero de 2017 cuando estalló la trama de los policías corruptos que seguían las órdenes del Tolo Cursach y se encargaron de realizar inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta asfixiarlos. Todo ellos a cambio de dádivas que superaban incluso el sueldo de los funcionarios.

El entonces juez instructor, Manuel Penalva, acordó para el empresario prisión provisional sin fianza y le acusó de 16 delitos entre ellos homicidio, organización criminal, corrupción de menores y narcotráfico, entre otros.

Acusado de homicidio

El amo de la juerga en Magaluf permaneció trece meses en el centro penitenciario de Palma, pero pudo abandonarla tras depositar un millón de euros recaudado en cuestión de «unas horas». Fue en ese momento cuando, por primera vez en décadas, decenas de testimonios narraban ante el juez los «abusos» sufridos por Cursach.

Un testigo reveló que el empresario suministró drogas hasta la muerte a un empleado toxicómano que había mostrado fotografías pedófilas que le comprometían. El declarante era amigo del trabajador que había fallecido y aseguró en sede judicial que en las fotografías aparecía Cursach con «menores, algunos medio desnudos, haciéndole tocamientos». Este material pedófilo se lo había mostrado el ex trabajador antes de fallecer por una sobredosis provocada, según la versión del testigo. Finalmente, el juez archivó esta acusación.

En el banquillo de los acusados

En febrero de este año el juez Enrique Morrel –actualmente al frente de 13 piezas separadas de la causa– dictó el auto de procesamiento de 24 personas que irán a juicio por la pieza principal. Entre los procesados se encuentra Bartolomé Cursach que se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario ocho años y medio de cárcel, una inhabilitación de 15 años para toda actividad relativa a la hostelería, ocio y recreo y una multa de 60.000 euros.

El ministerio público señala en su escrito de acusación que Cursach llegó a un acuerdo con el responsable directo de la patrulla policial encargada de las inspecciones para favorecer a sus establecimientos a cambio de ventajas económicas «que en ocasiones superaban su retribución como funcionario».

Condena por tenencia de arma

El mafioso guardaba una carabina de calibre 22 modelo Remington debajo de su cama. Fueron los agentes de la Policía Nacional quienes hallaron esta arma junto a varias cajas de munición durante el registro practicado en su domicilio. Por ello, el Juzgado de lo penal número 7 de Palma de Mallorca le condenó a ocho meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. Además, el tribunal manifestó que «no se puede descartar que la carabina se usara para fines ilícitos». La Audiencia confirmó la sentencia contra la que no cabe recurso ordinario, pero sí podrá recurrir ante el Constitucional.

Hace tan sólo dos meses la Justicia volvió a condenar al empresario mallorquín. Cursach ha sido condenado por un delito de injurias por llamas hasta en tres ocasiones «subnormal» al magistrado Manuel Penalva, primer instructor del ‘caso Cursach’. El condenado tendrá que abonar una multa de 9.000 euros e indemnizar con otros 3.000 euros al juez al que insultó. La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha ratificado la condena, aunque Cusarch ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Supremo.