Un juez del TS asesoró a la Fundación que ocultó 7,7 millones en Suiza con la sociedad de Almodóvar

El jurista Sebastián Sastre Papiol, que durante los tres últimos años ha sido magistrado del Tribunal Supremo, asesoró a la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, que durante más de una década ocultó 7,7 millones de euros en Suiza utilizando la sociedad de las Islas Vírgenes de los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar.

Tal como han revelado los papeles de Panamá, el director de cine y su hermano fueron apoderados de la sociedad Glen Valley Corporation, con sede en las Islas Vírgenes británicas, entre marzo de 1991 y noviembre de 1994.

La Fundación Rubió negoció en 2001 para que la familia Aznar veraneara en su sede, la finca Mongofre Nou de Menorca

Tan sólo un año después, tomaron el control de esta sociedad dos patronos de la Fundación Rubió (José Antonio Matjí e Hipólito Mercadal) utilizando los servicios del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

Ambos patronos utilizaron la sociedad de los hermanos Almodóvar para ocultar en Suiza durante más de una década el legado del creador de la Fundación, el mecenas catalán Fernando Rubió Tudurí: una cifra que inicialmente rozaba los 10 millones de euros, procedentes de la venta de los Laboratorios Andrómaco a la multinacional alemana Grünenthal.

Y lo hicieron mediante un completo mecanismo de ingeniería financiera: los fondos estaban depositados en una sucursal del HSBC en Ginebra, a nombre de la sociedad Glen Valley Corporation, controlada a su vez a través de la Fundación Porto Magonis, con sede en Liechtenstein.

Falsas donaciones desde Ginebra

Como propietario de Industrial Farmacéutica Cantabria (IFC), José Antonio Matjí realizaba falsas donaciones a la Fundación Rubió, que en realidad constituían la fórmula empleada para transferir una parte de los fondos suizos a España.

Cuando el hijo menor del mecenas, Fernando Rubió Boada, reclamó ante los tribunales la parte de la legítima correspondiente a este legado de su padre, la Fundación Rubió actuó en el litigio representada por el letrado Sebastián Sastre Papiol.

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Sastre ha sido director del departamento jurídico de La Caixa entre 1985 y 2012. En noviembre de 2012 fue designado magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por el cuarto turno, es decir, elegido entre «juristas de reconocido prestigio», sin tener que realizar una oposición.

Ha ocupado este cargo en el Supremo hasta el pasado mes de noviembre, cuando se incorporó al despacho Ramón y Cajal Abogados.

Sanción de la Agencia Tributaria

En el litigio por el legado del doctor Rubió, Sebastián Sastre instó a los patronos de la Fundación a firmar en el año 2000 un documento en el que reconocían la existencia de los fondos ocultos en Suiza y aseguraban que la única beneficiara de este dinero era la entidad cultural.

Sin embargo, incurriendo en una grave irregularidad, estos fondos no fueron declarados oficialmente en la contabilidad de la Fundación Rubió hasta que fueron repatriados casi una década después, en 2009, a instancias del Protectorado de Fundaciones del Govern balear. En aquel momento, los fondos suizos habían quedado reducidos a 7,7 millones de euros.

La Agencia Tributaria realizó entonces una inspección de las cuentas de la Fundación y le obligó a pagar una multa de 80.541 euros y una declaración complementaria de 281.677 euros, debido a que entre 2005 y 2008 había incumplido su obligación de destinar a fines culturales al menos el 70% de su presupuesto.

Como ha informado OKDIARIO, se trata de la misma Fundación que en 2001 negoció con La Moncloa para que el entonces presidente del Gobierno José María Aznar disfrutara sus primeras vacaciones en Menorca en la finca Mongofre Nou (Mahón), en la que tiene su sede la entidad.

Sin embargo, las negociaciones se rompieron porque varios patronos de la entidad cultural habían planteado la propuesta a espaldas de la entonces presidenta, Mercedes Rubió Boada. La Moncloa tuvo que buscar entonces un emplazamiento alternativo y la familia Aznar veraneó finalmente en la finca Morell, también situada en Mahón.

Desde el pasado mes de diciembre, la Fundación Rubió está presidida por el ex conseller de Presidencia del Govern del Pacte Albert Moragues, quien ha estado imputado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude en la adjudicación del contrato de limpieza del Palacio de Marivent, la residencia de veraneo de la Familia Real en Mallorca.