González mintió a la juez al asegurar que la Comunidad no aprobó el pelotazo de Arganda

Ignacio González afirmó el pasado 18 de abril en sede judicial que la Comunidad de Madrid no tenía «competencias en urbanismo» para aprobar el pelotazo urbanístico de la empresa Martinsa en Arganda del Rey. OKDIARIO publica el documento firmado por el entonces director General de Urbanismo, Enrique Porto, que estaba a las órdenes de González en el 2006 y que demuestra que la Comunidad sí tenía competencias para aprobar dicha operación.

El ex presidente madrileño declaraba el pasado mes durante una hora y media como imputado por la compra de su dúplex de Estepona ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la localidad, Isabel Conejo. González es investigado en esta causa por haber percibido una presunta comisión de 2 millones de euros de la trama Gürtel, a cambio de aprobar el desarrollo urbanístico “adjudicado” a la empresa Martinsa de Fernando Martín en la parcela UE-124 de Arganda.

Al ser preguntado por su responsabilidad en esta operación como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, González afirmó que fue “una venta de parcelas que realiza el ayuntamiento de Arganda y en la que nosotros (Comunidad de Madrid) no participamos”. Añadió que “nunca ha tenido esas competencias en urbanismo, ni ha tenido capacidad de decidir en esa materia”. Por último, señalaba que era “absolutamente falso” que hubiera recibido el dúplex de Estepona como parte del pago de esa comisión de 2 millones por dar luz verde al proyecto.

Este diario publica el documento que prueba que este pelotazo urbanístico sí recibió el visto bueno de la Comunidad de Madrid en 2006 y que por lo tanto, el Gobierno regional sí tenía competencias para aprobar la operación. La razón es que las diversas modificaciones urbanísticas incorporadas al proyecto trascendían el ámbito municipal.

Ningún técnico regional quiso firmarlo, sí lo hizo un político, el entonces Director General de Urbanismo, Enrique Porto Rey, que estaba a las órdenes de González. Porto acabó dimitiendo tras verse salpicado por otros escándalos urbanísticos, de hecho, una de sus empresas estuvo vinculada a esta operación en Arganda.

El documento con fecha 17 de enero de 2006 recoge la firma de Enrique Porto Rey como director general de Urbanismo y Planificación regional. Porto da así el visto bueno al «Plan Parcial de Reforma» de la parcela UE-124, que modifica «la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey». Además, se acuerda dar traslado al consistorio de esta localidad madrileña del acuerdo adoptado a posteriori por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Este diario también publica la resolución favorable de la Comisión de Urbanismo. Este segundo documento recoge ya el aumento de plantas de 6 a 15, cuando la Ley del Suelo permitía 5. Además se hace mención al incremento de 641 viviendas, lo que provocó que el número de viviendas por hectárea se disparase.

Al inicio del proyecto, la edificabilidad permitía la construcción de 1.280 viviendas libres y 300 protegidas, con unas plusvalías de 336 millones. Martinsa consiguió con la colaboración del gobierno regional situar las viviendas libres en 2.131 y las protegidas en 600, elevando las ganancias por las posibles ventas hasta un total de 535 millones de euros. Este pelotazo urbanístico recibió el visto bueno de la Comunidad de Madrid, sin embargo, el proyecto no se llegó a desarrollar en su totalidad tras la quiebra de Martinsa.