Guaidó evita que Maduro traslade de Madrid a Moscú la sede de la empresa pública venezolana CVG

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha frustrado los planes del dictador Nicolás Maduro de trasladar desde Madrid a Moscú la sede europea de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional C.A., una de las empresas estatales más emblemáticas del país caribeño.

Maduro quería evitar así que esta corporación pública –que se encuentra al borde la quiebra, pese a que aglutina a las grandes industrias venezolanas– quede sometida a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

En una operación similar, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció en marzo de 2019 la decisión de trasladar a Moscú la sede europea de la petrolera estatal PDVSA. Aunque esto no ha impedido que la Administración de Donald Trump amplíe las sanciones a la compañía rusa Rosneft por comprar crudo a PDVSA para financiar al régimen chavista, violando las restricciones internacionales.

El Gobierno de Trump ha otorgado al presidente encargado Juan Guaidó el control de varias empresas públicas venezolanas en el exterior, entre ellas CVG Internacional, para evitar que el régimen chavista siga expoliándolas  o las utilice para blanquear fondos del narcotráfico, como ha ocurrido con PDVSA.

Cuentas bloqueadas por los bancos

Para ello, la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por Guaidó designó hace siete meses a Enrique Castells como nuevo presidente de la corporación industrial. En cumplimiento de este acuerdo, el equipo de Castells tomó posesión el pasado 22 de enero de la sede de CVG Internacional Filial Europea SL, situada en Alcobendas (Madrid), y destituyó a los funcionarios chavistas que trabajaban en sus instalaciones.

Sin embargo, como ha informado OKDIARIO, tres entidades financieras españolas se resisten a permitir que los nuevos gestores de la compañía accedan a sus cuentas bancarias, en las que hay depositados cerca de 20 millones de euros.

Estos bancos alegan que la nueva dirección designada por Guaidó no ha cumplido la denominada «Apostilla de La Haya»: sus poderes notariales otorgados en Venezuela para acceder a las cuentas de CVG aún no han sido homologados en España (debe hacerlo el decano de los Colegios Notariales, según el Real Decreto 1497/2011), mientras que siguen en vigor los poderes de los anteriores gestores chavistas.

OKDIARIO tiene constancia de que la Embajada de Venezuela en Madrid se ha dirigido a las tres entidades financieras citadas para exigirles que no reconozcan a los nuevos gestores de CVG Internacional. El equipo de Juan Guaidó sospecha además que el Gobierno formado por PSOE y Podemos están ejerciendo una presión política para que el régimen de Nicolás Maduro mantenga el control sobre la filial europea de la corporación venezolana.

Una auditoría para detectar desfalcos

En cualquier caso, la operación impulsada por Guaidó con el respaldo de la Casa Blanca ya ha obtenido un primer éxito: evitar que el dictador Maduro traslade de Madrid a Moscú la sede de la filial europea de su conglomerado industrial.

La intervención de la división europea de CVG Internacional por parte del equipo de Guaidó tiene un doble objetivo. Por un lado, evitar que los fondos de esta compañía sirvan para engrosar el patrimonio personal de los jerarcas del chavismo o para comprar voluntades políticas como ha ocurrido con la petrolera PDVSA, que pagó varios millones de euros en comisiones a la familia del ex embajador español Raúl Morodo.

Por otro lado, los nuevos gestores de CVG que han desembarcado en Madrid tienen el encargo de llevar a cabo una completa auditoría de sus cuentas para detectar cualquier tipo de irregularidad en su gestión. Si finalmente se constata cualquier rastro de malversación de fondos, los responsables serán llevados ante la Justicia.

Como prueba de la importancia que el régimen chavista otorga a este conglomerado industrial, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez (la misma que se reunión en secreto en Barajas con el ministro José Luis Ábalos) visitó el pasado mes de junio las instalaciones de su filial CVG Venalum, en Ciudad Guayana, en un acto de propaganda. Rodríguez achacó el drástico descenso de producción de la planta a los «ataques eléctricos», como denominó a los apagones que periódicamente dejan sin luz a buena parte de la población debido a la falta de mantenimiento de las redes.

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional C.A. aglutina hoy a 21 grandes empresas públicas venezolanas, la mayoría de las cuales son actualmente deficitarias debido a la ruinosa gestión llevada a cabo por el régimen de Maduro.

La Corporación incluye empresas dedicadas a la explotación de yacimientos de bauxita (como CVG Bauxilum), su transformación en aluminio (CVG Venalum), la extracción de hierro (CVG Ferrominera), la producción de acero (Sidor) y la explotación de recursos forestales (Maderas del Orinoco).

Sin embargo, según un informe publicado el pasado mes de octubre, buena parte de estas actividades están completamente paralizadas debido a la mala gestión del régimen chavista.  Basta un ejemplo: el gigante venezolano del acero, Sidor, produjo 5,1 millones de toneladas de este metal en 2008, tras ser nacionalizado por Hugo Chávez. Una década después, su producción ha quedado reducida a 50 toneladas al año.