Vox propone el traslado voluntario a Bruselas de los inmigrantes ilegales que lleguen a España

Samuel Vázquez, nuevo portavoz de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, ha anunciado este martes que su partido político está impulsando una serie de medidas en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para «frenar el efecto llamada y la llegada irregular de personas» a España. Entre esas medidas, Vox propone el traslado voluntario de inmigrantes a Bruselas. «Promover que todos los fondos que actualmente se destinan a fomentar el efecto llamada y a financiar la inmigración ilegal, se destinen a trasladar a los inmigrantes ilegales que lo deseen a sus países de origen, o en su caso, a la ciudad belga de Bruselas, donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada». Ésta es una de las diferentes propuestas de Vox, recogidas en una moción y en una Proposición No de Ley (PNL), tal y como ha anunciado Vázquez frente a las puertas del Congreso de los Diputados este martes.

El partido de Santiago Abascal ha pedido que «se ofrezca a los inmigrantes ilegales la posibilidad de ser traslados a Bruselas». Un «traslado voluntario» con el que, según Vox, «los españoles podrán reafirmar ante las instituciones europeas el derecho a defender sus fronteras y oponerse a un modelo inmigratorio que pone en riesgo el propio futuro de la Nación». 

El portavoz de Vox ha precisado que, de este modo, «los burócratas de Bruselas podrán ‘acoger’ con ejemplaridad a dichos inmigrantes ilegales directamente en las instalaciones de las instituciones europeas». Entre otras medidas, Vox también propone «rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida por el Partido Popular y el Partido Socialista, los cuales son coalición en Bruselas»; «exigir al Gobierno de la Nación la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales» o «rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes» y «plantear el cierre de los que estén en funcionamiento».

Desde Vox también sugieren «declarar a los municipios españoles como municipios que no apoyan a las asociaciones y ONGs que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal» e «impulsar la celebración de una consulta popular relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en los municipios». También plantean iniciar «los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de las obligaciones del Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse».