El SUP pretende llevar la ley vasca de ‘abusos policiales’ al Constitucional a través del TSPV

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) alegará, en la demanda que deberá formalizar a partir de septiembre en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la llamada Ley de abusos policiales, que esta norma es «inconstitucional», con el fin de que el alto tribunal vasco lo eleve al Constitucional.

Fuentes de la central sindical han informado a Europa Press de que también estudian la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez por presunta prevaricación, al haber retirado el recurso ante el TC, «a sabiendas» que se trata de una Ley «ilegal».

El sindicato de Policía interpuso recurso a finales del mes de julio en la Sala de lo Contencioso-administrativo contra la creación de la comisión de valoración —que debe evaluar a los posibles damnificados de abusos policiales—, que se puso en marcha a principios de ese mismo mes. El recurso fue admitido a trámite y el Gobierno vasco tiene hasta finales de septiembre para presentar el expediente administrativo, según han informado fuentes judiciales.

El 3 de agosto, el Gobierno del PSOE dio luz verde a la retirada del recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la conocida como Ley de abusos policiales, después de que las Administraciones vasca y central llegaran a un acuerdo para realizar algunas modificaciones en los preceptos sobre los que se tenían dudas de constitucionalidad y, sobre todo, en lo que se refería a la comisión de evaluación, ya que se consideró que pretendía sustituir la actuación de los tribunales.

Sin embargo, el caso podría acabar, de nuevo, en el Tribunal Constitucional si el SUP argumenta, en su demanda —a la que el mes de septiembre se sumarán otros colectivos policiales, de la Guardia Civil y de víctimas—, que es «inconstitucional».

En caso de que el TSJPV considere que la norma podría vulnerar la Constitución, plantearía cuestión de inconstitucionalidad —en otros casos ya lo ha hecho—, y se elevaría al TC. El hecho de que varios artículos esenciales de Ley navarra, de similares características, hayan sido anulados por el TC, podría avalar esta tesis, aunque, en todo caso, el Tribunal Superior deberá tener en cuenta las modificaciones que se han introducido en la norma para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retirara el recurso.

Más querellantes

Aunque el SUP fue el que impugnó a finales de julio la resolución del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, por la que se hizo pública la identidad de las personas que componen la comisión de valoración creada en virtud de la denominada Ley de abusos policiales, en septiembre se sumarán otros sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y colectivos de víctimas.

De esta forma, también se querellarán la CEP, UFP y SPP, las asociaciones de guardias civiles AUGC, Unión GC, AEGC, Unión de Oficiales y APROGC, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE), la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE), y Covite.

Estos colectivos consideran, entre otras cosas, que la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999, aprobada en julio de 2016 por el Parlamento Vasco, concede a la Comunidad Autónoma Vasca la potestad de «decidir sobre asuntos de competencia exclusivamente jurisdiccionales y, por tanto del ámbito de jueces y magistrados, abriendo la posibilidad a investigar casos sin garantías procesales».

Reunión en Vitoria

Todos los querellantes pretenden reunirse en la primera quincena de septiembre en Vitoria para consensuar las directrices que seguirán con el fin de que este recurso prospere y acordar otras iniciativas. Entre otras cuestiones, analizarán si emprenden acciones legales contra el Gobierno del PSOE, ya que consideran que ha retirado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a saber que la norma «es ilegal».

A su juicio, las modificaciones acordadas por las Administraciones central y vasca para poder retirar la impugnación son «meramente semánticas», por lo que el contenido del texto apenas varía. Estos colectivos también estarán «vigilantes» con la reforma de la Ley de abusos policiales que el Gobierno Vasco presente en el Parlamento Vasco para su aprobación por la mayoría de los grupos.