Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 7 días: Begoña Gómez, al banquillo por malversación y tráfico de influencias
El 21 de septiembre de 2026, el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Tras casi dos años y medio de investigación, el instructor acordó que un jurado popular juzgue si la esposa de Pedro Sánchez se valió de su relación con el presidente para favorecer su actividad profesional y si destinó recursos públicos a fines privados. También envió al banquillo a Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, por su presunta cooperación en la malversación vinculada al programa informático de la cátedra.
La respuesta del Gobierno llegó ese mismo día. Moncloa defendió la inocencia de Gómez, atribuyó una «intención política» al instructor y denunció el «acoso» y la «deshumanización» que, a su juicio, sufría la esposa del presidente. El Ejecutivo cuestionaba así los motivos del juez cuando la Audiencia Provincial de Madrid ya había avalado en julio que el procedimiento siguiera adelante contra Gómez por ambos delitos.
Uno de los episodios que explican por qué la causa alcanza a Presidencia es la intervención de Álvarez en las gestiones de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. José María Torres, presidente de Conpymes, reconoció ante el juez que se reunió en cafeterías con Gómez y con su asesora. También declaró que su empresa, Numintec, había patrocinado la cátedra y que era la única a la que había dado respaldo económico. Su testimonio situó a una empleada de La Moncloa en reuniones de la esposa del presidente con un patrocinador de su proyecto universitario.
El programa informático desarrollado para la cátedra es otro de los asuntos que deberá examinar el jurado. El instructor apreció indicios de que la herramienta se había desviado a fines privados. Gómez admitió ante el juez que había registrado la marca del programa, aunque sostuvo que «jamás hubo ánimo de lucro». Es en este episodio concreto donde Peinado atribuye a Álvarez una presunta cooperación necesaria.
Las posiciones con las que las partes llegan a juicio están muy alejadas. La acusación popular encabezada por HazteOir reclama 13 años de prisión para Gómez. La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución. El jurado deberá pronunciarse sobre la responsabilidad penal de las acusadas. La cuestión política que el auto plantea a Sánchez es más concreta: qué funciones encomendó Presidencia a una asesora pagada con fondos públicos y por qué participaba en gestiones vinculadas a la actividad profesional de su esposa.
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