PSOE y Podemos no votan a favor de condenar la «dictadura de Nicolás Maduro»

PSOE y Podemos han rechazado condenar a la dictadura instaurada por Hugo Chávez y que continúa bajo la mano de hierro de Nicolás Maduro. El pleno del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a «condenar la dictadura del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está expulsando a millones de venezolanos de su país».

El PP ha logrado sacar adelante su iniciativa negociando un texto transaccional que, finalmente, ha obtenido el apoyo de Ciudadanos, PNV, PDeCAT, CC, UPN y Foro y la abstención del PSOE, Compromís y Nueva Canaria. En contra han votado Podemos, ERC y EH Bildu.

El texto ha obtenido 176 votos a favor, 74 en contra y 90 abstenciones, tras aceptar el PP algunas precisiones que reclamaba Ciudadanos e incluir una condena del «asesinato» del opositor Fernando Albán y de la agresión a María Corina Machado. La aprobación ha sido recibida con un largo aplauso que los diputados favorables dedicaron a los opositores venezolanos que estaban en la tribuna, entre ellos Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López.

El texto definitivo no ha incluido la petición socialista de expresar respaldo a los intentos del Gobierno, llevados a la UE, de explorar las vías para facilitar una reanudación del diálogo entre Gobierno y oposición. En cambio, el Congreso insta al Gobierno a «contribuir a que la Unión Europea se comprometa a promover las condiciones para una solución a la grave crisis democrática, política y económica de Venezuela».

Además, pide «posicionarse claramente sobre la grave crisis que sufre Venezuela y el drama humanitario que están viviendo los venezolanos», impulsar la defensa de la democracia en Venezuela y de los derechos humanos de los venezolanos.

También reclama «exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos en Venezuela» y «liderar las negociaciones y actuaciones de la comunidad internacional en el seno de la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para ampliar las sanciones específicas contra altos cargos del régimen de Nicolás Maduro».

Por otro lado, pide sumarse a los países que han denunciado a Maduro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) –algo que no quiere hacer el Gobierno–, además de ayuda humanitaria para «las necesidades básicas de los exiliados venezolanos a los países vecinos» y para favorecer su retorno.

Para los venezolanos residentes en España, reclama aprobar la creación de un Estatuto de protección temporal que les conceda un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por todo el territorio español, acceso a la atención sanitaria universal y la obtención de un permiso de trabajo; y que se activen los artículos relativos a la protección en casos de evacuación.

Elecciones libres

Asimismo, quiere impulsar en la UE, la OEA y la ONU «la necesidad de la comunidad internacional de que se convoquen unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela que cumplan con los estándares democráticos y se realicen en condiciones de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades entre el oficialismo y la oposición».

La votación, como siempre que se trata de Venezuela, ha estado precedida de un bronco debate en el pleno, con el PP advirtiendo al Gobierno de que no dé «oxígeno a un narcodictador», el PSOE defendiendo que la solución solo llegará del diálogo entre venezolanos y Podemos denunciando «el retorno de la aznaridad» en política exterior o recordando al PP que «no decía nada cuando Trump metía en jaulas a niños de cinco años».

El ‘popular’ José Ramón García-Hernández ha comenzado su intervención saludando «a los luchadores por la libertad de Venezuela» que estaban en la tribuna y a los más de 400 presos políticos que existen en el país. «No caben equidistancias ni arbitrariedades», ha advertido al PSOE.

García-Hernández ha afeado a los socialistas su renovada apuesta por el diálogo, que ha atribuido directamente a Pedro Sánchez y a su empeño en querer «ser más que Zapatero», lo mismo con Venezuela que desenterrando a Franco o pactando referendos con los independentistas.

Además, ha instado a los socialistas a votar en el Congreso, sin estar «presos de Podemos», en los mismos términos que la semana pasada en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, el socialista Salvador de la Encina le ha replicado que esa resolución del Parlamento europeo incluye la decisión del Consejo de la UE de explorar la posibilidad de un grupo de contacto para facilitar el diálogo entre Gobierno y oposición –la resolución «toma nota» de ello–.

«Esto no se resuelve con un golpe militar, se resuelve con diálogo entre venezolanos», ha dicho De la Encina, «sin injerencias, con mediación como está haciendo la UE».

PNV: «La fuerza de la política»

Mikel Legarda (PNV), que finalmente se ha sumado a la transaccional, ha acusado al PP de usar, tanto dentro como fuera de España, la política del «palo y tentetieso», la «política de la fuerza y no la fuerza de la política», cuando, a su juicio, «los problemas políticos necesitan soluciones políticas». Eso sí, ha dejado claro que no le parecen mal las sanciones adoptadas por la UE, que no van dirigidas a los venezolanos

De su lado, Fernando Maura, de Ciudadanos, ha afeado al Gobierno que no se haya aprobado ninguna sanción nueva desde que el PSOE llegó a La Moncloa y ha hecho hincapié en la necesidad de aprobar mecanismos de protección temporal para los venezolanos en España. «Como hizo Venezuela con el exilio republicano, señores de PSOE y de Podemos», ha dicho.

Mientras tanto, Ana Oramas (CC) ha afeado que se utilice Venezuela para el debate político interno cuando, según ha dicho, su grupo lleva años reclamando ayuda para los venezolanos que huyen. Enfrente, Carlos Salvador (UPN) ha considerado plenamente justificado hablar de Venezuela para «denunciar el colaboracionismo con la dictadura» por parte de Podemos.

Tanto Podemos, por boca de Pablo Bustinduy, como Compromís, con Joan Baldoví, han afeado a ‘populares’ y ‘ciudadanos’ que hayan presentado 15 iniciativas sobre Venezuela en la legislatura y ninguna sobre violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí o sobre el salario mínimo.

Podemos culpa a las sanciones del éxodo

Bustinduy ha culpado directamente al PP y a Ciudadanos de «boicotear el diálogo» y a «orquestar una campaña» contra el expresidente Zapatero. «Su única respuesta es asfixiar a Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes», ha dicho. Además, ha recordado que el Gobierno del PP no ofreció ninguna protección a los venezolanos llegados a España.

Desde el PDeCAT, Jordi Xuclà, ha avisado al PSOE de que pretender poner por escrito solo una condena a la «destrucción de libertades» en el país, y no de «la dictadura» como propone el PP «se queda corto», porque lo que pasa es más grave. Además, ha defendido que su grupo sí ha sido crítico tanto con Venezuela como con Arabia Saudí.

Para Xuclá, lo que ha sucedido en Venezuela es que «se puede llegar de forma democrática a las instituciones y se puede producir una degradación de las mismas y trabajar desde las instituciones para socavar la arquitectura democrática».

La más agresiva ha sido la portavoz de ERC, Ana Surra, que ha acusado al PP de haber «instigado» la existencia de «presos políticos» catalanes y ha acusado al PP de tener una «mentalidad imperialista» con Iberoamérica. Además, ha defendido al Gobierno de Nicolás Maduro y ha rechazado un sistema de protección temporal para los venezolanos en España. «Si hay papeles, que sean para todos», ha dicho.