Prisión para el fundador de Zed y libertad para los otros siete detenidos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado este viernes prisión provisional para el fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, detenido este jueves junto a otras siete personas que el juez ha dejado en libertad.

García Castellón ha tomado esta decisión tras tomar declaración a los ocho detenidos en esta operación centrada en el fraude de subvenciones de la tecnológica Zed Worldwide, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

Los ocho arrestados, han indicado a Efe fuentes jurídicas, se han acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía ha pedido entonces el ingreso en prisión sin fianza de Dolset y libertad bajo medidas cautelares para el resto.

Aunque no ha respondido a las preguntas del juez ni de los fiscales del caso, José Grinda y Carlos Yáñez, cuando éstos han pedido la prisión para Dolset, este se ha defendido afirmando que él está arruinado y sólo tiene 110.000 euros en una cuenta corriente, que invirtió todo su dinero en Zed y que no es cierto que, como afirma Anticorrupción, él tenga fondos en Panamá (110 millones, según la Fiscalía).

El resto de detenidos que han quedado en libertad son su hermano Ignacio; Teófilo Redondo Pastor; José Manuel Sanchís Antolín; David Aitor Marrón Collados; Daniel Arteaga García; Juan Carlos Gonzálvez Cabañas y José Antonio Puértolas Montañés.

Todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía desde hace más de un año a raíz de una querella que interpuso el propio Dolset contra sus socios rusos, que acabó destapando un desvío de fondos por parte del empresario y un fraude en ayudas concedidas por el Gobierno entre 2011 y 2014.

Durante la investigación en la Fiscalía, que ha derivado en una querella de Anticorrupción presentada ante la Audiencia Nacional, se tomó declaración a numerosos trabajadores de Zed y algunos de ellos reconocieron que les contrataron para no hacer nada en proyectos relacionados con las subvenciones.

En la querella contra 19 personas figura como investigado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien supuestamente medió en los ministerios de Industria y Economía para que se concedieran esas subvenciones.

Según la Fiscalía, estas personas generaron un perjuicio «millonario» que se proyectaría «directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones».

Y apunta a que en el caso de los organismos públicos, existe una «deuda pendiente de pago con las administraciones públicas por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas (no sujetas a devolución)».

La querella también se dirige contra los socios rusos de Dolset Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov; Vladimir Naumovich Turovetskyi, persona de confianza de Engibaryan; y el holandés Peter Nicholaas Wakkie, administrador de Zed+, la sociedad matriz que integró Zed Worldwide y el grupo ruso Tema.

Un fraude muy complejo

Considera Anticorrupción que es un fraude «de gran complejidad» dado que muchas de las acciones que llevaron al grupo a situación de insolvencia se ejecutaron en el extranjero y además «existen indicios de que algunos de los autores de los hechos ocultaron capitales en sociedades opacas ubicadas en territorios como Panamá», considerado un paraíso fiscal.

El papel de Casals dentro de la trama fue, según recoge la Fiscalía citando a Dolset, usar su «influencia política» para conseguir las subvenciones.

«Según el denunciante», dice el escrito, «se trata de una práctica habitual extendida a lo largo de los años, por parte de Mauricio Casals, el utilizar sus influencias y posición en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas, camufladas a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos».

Por estas «labores de asesoramiento y relaciones institucionales» para la obtención de ayudas públicas, el Grupo Zed pagó a la sociedad Audiovisual Española 2000, editora de La Razón, 2.125.000 euros entre los años 2009 y 2013, camuflados, sospecha la Fiscalía, en contratos de publicidad.