El nombramiento de Meritxell Serret como delegada del Govern crea un cisma en la UE

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 27/06/2018 02:55
  • Actualizado: 27/06/2018 10:11

El nombramiento de la fugada Meritxell Serret como nueva delegada del Govern de Cataluña en la Unión Europea ha desatado una guerra interna entre los representantes españoles en Bruselas. Con Enrique Calvet a la cabeza, las voces se han levantado simultáneamente en contra de este nombramiento que, a ojos de los partidos constitucionalistas, «no se puede concebir».

Desde Ciudadanos tienen muy claras sus intenciones. Bajo su punto de vista, «una persona con un procedimiento penal abierto en territorio español no puede tener un cargo en Europa». En declaraciones exclusivas a OKDIARIO, Nart ha expresado que  «con esta señora no vamos a tener relación, ni buena, ni mala. No vamos a tener». «Con esta señora, por un concepto de sanidad mínima, con alguien que está en fuga en España no podemos tener una interlocución», concluye Nart.

Pero ha sido Calvet quien ha creado una alerta, que ha remitido al Registro de Transparencia de la Unión Europea, para que «valore negativamente cualquier petición de inscripción que pueda hacerse en nombre de Meritxell Serret, a la vista del su reciente nombramiento como Representante permanente de la Generalidad ante la Unión Europea».

«No se puede concebir que el Parlamento Europeo permita el acceso a su sede a una persona fugada de la justicia española sobre la que pesa una euroorden en Bélgica, pero todavía menos que el Registro de Transparencia de la Unión, que representa al conjunto de las Instituciones europeas, autorice a una persona en busca y captura en un Estado miembro a acceder libremente a sus sedes e infraestructuras», señaló en una misiva Enrique Calvet tras una publicación de OKDIARIO en la que se podía ver a la ex consellera fugada comiendo en un restaurante del interior de la sede del Parlamento Europeo.

«Los servicios de acreditación del Parlamento Europeo autorizaron oficialmente la entrada a sus instalaciones a la exconsejera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Meritxell Serret, en busca y captura desde el pasado mes de noviembre en España y reclamada a Bélgica mediante una euroorden actualmente en tramitación», señalaron al día siguiente de la publicación desde el departamento que coordina Calvet.

De este modo, los partidos en cuestión ponen en tela de juicio la autorización concedida, ya que la presencia de esta persona en sede Parlamentaria, al igual que ocurriría con la de los fugados Toni Comín o Lluis Puig, pone «en riesgo la seguridad de todos y el buen desarrollo de la actividad política de esta Institución».

El objetivo: evitar que una situación como la descrita se vuelva a producir y que cualquier persona fugada de la justicia en un Estado miembro no sea autorizada a entrar a sede Parlamentaria. Concretamente, piden que «cualquier solicitud de acreditación y acceso cursada a favor de cualquiera de los tres exconsejeros fugados de la justicia española sea automáticamente rechazada».

De este modo, para que Serret pueda ser delegada del Govern de Cataluña en la Unión Europea, necesita ser inscrita en el registro de lobbies, condición indispensable para poder ejercer su nuevo cargo. Y ahí es, precisamente, donde los partidos constitucionalistas quieren bloquear la entrada de Serret en Europa: «Si no se inscribe en ese registro no podrá ejercer su cargo porque necesita estar inscrita para poder entrar, tanto en el Parlamento como en la Comisión», señalan fuentes del Parlamento Europeo a OKDIARIO.

Serret, recuerden, está acusada de presuntos delitos de desobediencia y malversación por el juez del Tribunal Supremo que investiga la causa del procés y el 1-O, Pablo Llarena. De hecho, el Supremo ha enviado dos euroordenes de detención contra Serret y el resto de exconsellers desplazados a Bélgica.

La primera fue retirada a petición del propio Llarena, mientras que la segunda fue rechazada por un defecto de forma por la Justicia belga. Desde entonces, Serret, Comín y Puig tienen libertad de movimientos y no sufren medidas cautelares.