Más de 10.000 funcionarios marchan en Madrid para exigir a Justicia mejoras salariales y laborales
Los funcionarios de Justicia exigen mejoras para acabar con la huelga que arrancó el lunes
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Miles de funcionarios de la administración de Justicia han participado este miércoles en una multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de Madrid para reclamar al Gobierno que este jueves les presente una «propuesta razonable» que incluya mejoras salariales y laborales para acabar con la huelga.
Alrededor de 10.000 trabajadores según los sindicatos convocantes y 7.000 según las autoridades, han marchado desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda y Función Pública para exigir que, en la reunión que mantendrán mañana, les hagan una oferta que contemple una parte económica y otra de negociación de reformas normativas, como la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), según ha explicado a los medios el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán.
Al comienzo de la protesta, Jordán ha lamentado los perjuicios en el servicio público de Justicia que están causando los paros parciales diarios que mantienen desde el lunes y la huelga general de este miércoles, jornada con un seguimiento cercano al 90 % entre los trabajadores, según el comité de huelga.
«Todo el trabajo judicial pasa por nuestras manos. En el día de hoy podemos estar hablando fácilmente de 100.000 juicios suspendidos, y de millón y medio, dos millones o tres millones de actuaciones procesales que no se van a realizar», ha estimado el responsable de CSIF, sindicato mayoritario en el sector de la Justicia.
Con pancartas, banderas y chalecos de los sindicatos, algún disfraz y al grito de «no más funciones sin retribuciones», los funcionarios han recorrido la Gran Vía y las plazas de Callao y Sol hasta llegar al Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá, donde los portavoces de CSIF, CCOO, STAJ y UGT han celebrado el «éxito» de participación en la manifestación a la que han acudido trabajadores de toda España.
«Ya está bien de que el trabajo que realizamos nosotros se retribuya a otros cuerpos», ha abundado Antonio Lozano, portavoz de UGT, en referencia a la subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes firmada con los letrados de la administración de Justicia.
No obstante y pese a que los sindicatos se movilizaron justo después este acuerdo, Jordán ha defendido que sus reclamaciones se remontan a hace «más de veinte años» y no son una «consecuencia» del conflicto con los letrados.
«Hoy se puede comprobar que la Justicia está parada y que nadie está trabajando, porque sin nosotros no hay Justicia», ha asegurado.
De hecho, en la Audiencia Provincial de Madrid este miércoles se veían menos funcionarios de lo habitual y, según han explicado a EFE varios trabajadores, muchos han hecho huelga pero el impacto real no ha sido tan alto porque hay servicios mínimos y porque, en algunos casos, las secciones no habían habilitado sesión para hoy.
Uno de los juicios suspendidos ha sido el que sienta en el banquillo a 18 acusados de estafar a una decena de ancianas mediante venta de enciclopedias, consiguiendo un total de casi 185.000 euros, lo que ha obligado a las denunciantes que iban a declarar este miércoles, de más de 80 años, a irse sin poderlo hacer.
La Consejería de Justicia de Madrid cifra el seguimiento de la huelga en el 48 % de los funcionarios convocados en esta comunidad autónoma.
Aún sin datos de esta última jornada, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) calcula que se ha suspendido de media el 21 % de los juicios que se deberían haber celebrar en los dos primeros días de paros.
Hasta que no perciban una «voluntad clarísima» por parte de Justicia de responder a sus demandas, los sindicatos mantendrán los paros parciales diarios entre las diez de la mañana y la una de la tarde.
Fuentes del Ministerio no creen que esta propuesta esté cerca y han argumentado a EFE que se trata de una negociación en la que deben intervenir también las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia: todas, salvo Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
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