‘La Manada’ al completo verá reducidas sus penas si el Supremo confirma la rebaja de la Justicia navarra

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta a Ángel Boza, uno de los miembros de La Manada condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, tras aplicar la ley del sólo sí es sí, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el patrocinio de Irene Montero, tal y como adelantó OKDIARIO. Su condena pasa de 15 a 14 años de prisión, aunque la abogada de la víctima ya ha anunciado que recurrirá esta resolución ante el Tribunal Supremo. Fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que, si el Alto Tribunal lo ratifica, el resto de condenados también verán reducidas sus penas.

Resulta paradójico que la Ley Montero, que el Gobierno presentó como una defensa reforzada de las mujeres al gusto del movimiento social «hermana, yo sí te creo» y en contra de lo que la izquierda calificó partidistamente como el «Código Penal de La Manada», ha acabado beneficiando a uno de los condenados por la violación grupal en las fiestas de Pamplona. Y es que, el TSJ de Navarra se ha visto obligado a rebajar en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la Manada, Ángel Boza, en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley de solo sí es sí.

Ahora, si el Supremo confirma la rebaja del TSJ de Navarra a Ángel Boza, el resto de condenados de La Manada también se podrá beneficiar en aplicación al artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice así: «Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia».

Rebaja de la pena

La Sala sostiene que la condena a Ángel Boza debe reducirse, puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, «próxima» o «cercana» al mínimo legal, unos mínimos que la Ley Montero rebajó «sensiblemente». La pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años, por lo que «los 15 años de prisión impuestos quedan dos años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible» pero, a juicio de la mayoría de la Sala, «ya no cumple el parámetro fijado por el Supremo en su sentencia cuando calificaba la pena impuesta como ‘muy próxima al mínimo legal’, o como ‘pena superior al mínimo’ legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo», expone el auto.

En la resolución judicial, los magistrados Joaquín Galve Sauras, presidente del TSJ de Navarra y el ponente de la misma, y Francisco Javier Fernández Urzainqui, explican que la Ley Montero «es más favorable o beneficiosa para el reo que la resultante de la legalidad derogada por ella». Porque, subrayan, «mantener la pena de 15 años agravaría la situación del penado que, de 9 meses de prisión por encima de la mínima entonces prevista, pasaría a soportar una pena 2 años superior a la mínima que le correspondería conforme a la nueva ley». Y, de acuerdo con el artículo 2.2 del Código Penal que recoge el principio de retroactividad, debe aplicarse la ley más favorable al reo, esto es la Ley Montero.

Recurso al Supremo

Teresa Hermida, abogada de la víctima de La Manada, asegura que en cuanto conozcan los detalles de la resolución, que contiene el voto particular de la magistrada Esther Erice Martínez, perteneciente a la asociación profesional Juezas y Jueces para la Democracia, la misma a la que pertenece Victoria Rosell, presentarán un recurso de casación.

El Tribunal Supremo ya asentó jurisprudencia al respecto en un pleno monográfico que celebró en junio. La Sala Segunda del Alto Tribunal avaló las rebajas de pena aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, desacreditando el criterio fijado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los jueces dieron respuesta a un total de 29 recursos contra las revisiones de condenas firmes efectuadas por tribunales inferiores tras la entrada en vigor de la ley de Irene Montero el pasado 7 de octubre. De los 29 recursos analizados, el Supremo confirmó la rebaja de 27.

Por lo que, si el Supremo confirma la rebaja del TSJ de Navarra a Ángel Boza, las rebajas a los demás miembros de La Manada irán en cascada en virtud del texto ya reseñado del artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.