La juez exige por escrito al Gobierno fuerza policial para desahuciar a los okupas de Argumosa

El Juzgado 33 de Primera Instancia de Madrid ha exigido por escrito al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, que proporcione los medios policiales necesarios para desahuciar a los okupas de Argumosa, en Madrid. Un desalojo que se debería producir este viernes a las 09:00 de la mañana.

Se trata de uno de los colectivos okupa más conocidos de Madrid. Algunos de los vecinos que viven allí han adquirido esta condición por impago; otros porque han acudido para implantarse y hacer bandera de la okupación.

En los últimos diez meses se ha intentado desahuciar hasta en siete ocasiones a los okupas de este edificio sin éxito. A diferencia de otras ocasiones, en la orden dictada para el desalojo de este viernes, la jueza ha especificado al Delegado del Gobierno en Madrid que su responsabilidad es que el desalojo se produzca.

Los vecinos y colectivos afines ya se han empezado a movilizar para evitar que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desalojen el edificio de la calle Argumosa 11 en Madrid. Para evitar que se lleve a cabo la orden de desalojo dictada por la juez, este jueves a las 23:00 los colectivos afines tienen toda la intención de quedarse a dormir en el edificio.

La Justicia se ha cansado del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, y de su escasa diligencia en la actuación contra los okupas.

El auto de desahucio contra los okupas de Argumosa 11 publicado por la jueza María Teresa de la Asunción Rodríguez es todo un toque de atención a un responsable oficial que ha bloqueado los últimos cuatro intentos de expulsión de los okupas.

“El artículo 117.3 de la Constitución Española establece que “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde únicamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes”, señala el auto en una clara indirecta al hecho de que el delegado del Gobierno no puede impedir esas decisiones limitando la fuerza policial. “Este mandato constitucional se recoge en el artículo 2 de la LOPJ como la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales”, añade.

Y señala, además, que “a fin de que las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen o declaren no sean meras declaraciones de intenciones , la ejecución de las mismas es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental previsto en el artículo 24 de la CE”, todo ello teniendo en cuenta que “la doctrina del Tribunal Constitucional ( STS 298/1994, de 14 de noviembre)” y “que la doble posición atribuida a la potestad jurisdiccional de ejecución de los juzgado es un elemento esencial del Estado de Derecho”.

Con toda esa batería de argumentación jurídica, la juez ha recordado al delegado Rodríguez Uribes, nombrado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. Porque “dentro de las funciones de la Policía Judicial conforma al artículo 549.1 d) están las de “garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial.”

La jueza subraya al delegado del Gobierno que, “a la vista del resultado de las presentes actuaciones en las que se da cumplimiento al fallo de una resolución judicial firme, en concreto a una diligencia de lanzamiento de la parte ejecutada ya suspendida en reiteradas ocasiones, y del contenido de la última diligencia de la Comisión Judicial en la que se hace constar que se vio obligada a la suspensión del lanzamiento ante la situación creada en el lugar, con gran concentración de personas que obstaculizaban el trabajo de la Comisión Judicial, la falta de los debidos efectivos policiales y la situación expuesta por la Comisión, calificada como de “presión insostenible”, resulta necesario para dar eficaz cumplimiento a la resolución judicial recabar el auxilio de la Policía Judicial a fin de que, con los medios proporcionados, se garantice la seguridad de la Comisión Judicial, y el efectivo cumplimiento de la resolución judicial”.

Por todo ello, señala, “procede dirigir oficio a la Delegación del Gobierno en Madrid para que tenga conocimiento de la resolución […] a fin de que arbitre los medios policiales necesarios y proporcionados para evitar una obstaculización dolosa de la diligencia señalada y asistan a la comisión judicial a los fines acordados”.

Hay que recordar que Rodríguez Uribes fue nombrado personalmente por Pedro Sánchez y que cuenta, como principal asesora, con la mujer del ministro Ábalos, Carolina Perles.