El juez del caso Púnica archiva la causa contra Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha archivado la causa contra Cristina Cifuentes. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid estaba investigada por los delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011. El magistrado considera que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid. Además, el instructor también ha acordado el sobreseimiento provisional de la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández, investigados por los mismos delitos.

El juez explica en su auto que esta investigación se ha basado en un informe policial en el que se informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid. El atestado policial partía de donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Después de todas las diligencias realizadas, el juez concluye que no se ha acreditado que Cifuentes tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. La imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam «se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente», explica el magistrado.

El juez añade que no ha resultado acreditado que Cifuentes ostentara cargo alguno en la citada Fundación. En definitiva, «no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación».

Por todo ello, concluye el magistrado, no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernández, por lo que no se puede sostener que su actuación en el proceso de licitación del servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid «estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación señalada».

Declaración de Cifuentes 

Cifuentes fue citada a declarar en calidad de imputada en octubre de 2019, por las adjudicaciones sobre la prestación del servicio de «cafetería, cocinas y comedores» de la Asamblea de Madrid donde resultó beneficiado el Grupo Canto Blanco. La ex presidenta presidía la mesa de contrataciones y formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes. Dicha sesión fue presidida por Cifuentes que votó a favor de la aprobación del informe técnico que ella misma emitió.

En la declaración, Cifuentes manifestó ante el juez de la Audiencia Nacional, tras ser preguntada por las adjudicaciones al Grupo Cantoblanco, que esta empresa también trabajó para el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Economía y la Moncloa durante el Gobierno del PSOE. En esa etapa se encontraba al frente del Ejecutivo el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta lista la ex presidenta incluyó al servicio de restauración de la Zarzuela y enfatizó que la Casa del Rey también había contratado a la empresa de Arturo Fernández, dueño del Grupo Cantoblanco y ex presidente de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Presunta financiación ilegal del PP

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional también ha rechazado que Cifuentes participara en la financiación irregular del PP madrileño a través de los fondos de la empresa SWAT, como se la acusaba. «No se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno», subraya el juez en el auto.

El magistrado explica que la imputación de Cifuentes se sustenta en manifestaciones realizadas por Isabel Gallego Navarrete, jefa de gabinete de la ex presidenta de Madrid, «que resultan manifiestamente contrarias a las referidas por la propia Cifuentes, que negó haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz Echeverria y lo manifestado por éste en el sentido que negó igualmente haberse reunido con la ex presidenta».

Además, el instructor explica que de los documentos de prueba obrantes en las actuaciones «se constata además que Cifuentes no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008».