Una juez cita como imputado al director de la Policía: puso en riesgo la salud de los agentes por el Covid

La titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, María del Coro Monreal, ha citado como imputado al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por presuntos delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo tipificados en los artículos 316 y 318 del Código Penal. Tendrá que declarar el próximo 10 de mayo, según ha podido saber OKDIARIO por fuentes judiciales.

La querella contra Pardo Piqueras, director general de la Policía, y la ex subdirectora general de Recursos Humanos y Formación del cuerpo, Pilar Allúe, fue interpuesta por el sindicato mayoritario de la Policía Jupol. En un primer momento la titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decidió archivarla, pero los querellantes recurrieron en apelación ante la Audiencia Provincial que ordenó la reapertura del procedimiento.

El máximo responsable de la Policía no protegió a sus agentes frente al Covid-19 los meses previos a que se decretara el estado de alarma en España y cuando los expertos ya alarmaban del riesgo de contagio del virus.

Desprotegió a los agentes 

El 24 de enero de 2020 un documento interno del Cuerpo Nacional de Policía se adelantó a todas las demás instituciones españolas con una clara advertencia sobre el Covid: se había detectado un virus en diciembre de 2019, en un mercado de Wuhan (China), y se había demostrado que el virus se transmitía fácilmente entre seres humanos. El documento estaba elaborado por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía y firmado por quien lo dirigía, José Antonio Nieto. El texto marcaba como objetivo dar las recomendaciones precisas y necesarias para la protección de todos los agentes policiales, en especial los que desarrollaban su trabajo en puestos fronterizos. Además, exponía los consejos necesarios para protegerse a la hora de interactuar con ciudadanos en momentos de estrecho contacto como revisión de documentación o cacheos.

Lejos de acatar estas medidas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió cesar de manera fulminante a Nieto. Alegó «falta de lealtad» del policía, pero lo cierto es que –según fuentes consultadas– la causa de su destitución fue no seguir la línea impuesta en aquel momento por el Gobierno de Pedro Sánchez. Se acercaba la marcha feminista del 8-M y el Ejecutivo decidió lanzar un mensaje de tranquilidad, aunque la realidad fuese distinta. En la fecha de ese informe el Gobierno de España mantenía la normalidad y Fernando Simón, el máximo responsable de alertas sanitarias, pronosticaba que habría uno o dos casos de Covid en España.

Sólo unos días después de celebrarse las marchas multitudinarias del 8M en toda España, que elevó el número de contagios, el presidente del Gobierno decidió decretar el estado de alarma ante el riesgo de contagio por SARS-CoV.

En la querella presentada se acusa a ambos mandos de no haber adoptado las medidas de protección recomendadas expresamente en varios informes. Como consecuencia de ello, tanto el director de la Policía como la subdirectora general de Recursos Humanos habrían puesto «en peligro la vida, salud y seguridad de los agentes».

Igualmente, se denuncia que quedaron sin contestar «innumerables solicitudes» de instrucciones por parte de decenas de agentes, que quedaron «desprovistos de cualquier tipo de guía de actuación por parte de la superioridad, con los consecuentes casos de contagios que en las primeras semanas de la pandemia se produjeron en este Cuerpo».

Pablo Pérez, el portavoz de Jupol, considera que la situación vivida por los agentes de Policía Nacional durante la pandemia ha sido y está siendo «muy grave y constitutiva de un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores, más aún, cuando a sabiendas de los riesgos sanitarios existentes, la cúpula de Interior obvió los informes, tanto internos, como de organismos sanitarios internacionales, y autorizaran el trabajo de los agentes en condiciones de riesgo».