Interior cuela 25 contratos públicos de 14.999 euros para poder adjudicarlos a dedo y sin control

• Alfonso Egea @Alfonso_Egea
• Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.
• • 22/03/2022 06:50
  • Actualizado: 22/03/2022 06:50

Cuando un instrumento legal se retuerce de manera grosera es normal que salten las alarmas y eso es lo que OKDIARIO ha detectado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con respecto a una serie de contratos en los que la entidad contratante es el Ministerio del Interior. Desde diciembre del año pasado, concretamente desde el día 15, hay una serie de contratos menores que llaman la atención por el enorme parecido de su cuantía: 14.999 euros y en algunos casos la cifra llega a ser de 14.999 euros con 99 céntimos. Esta cantidad es la inmediatamente anterior a la que obliga a someter a controles la contratación pública, así que lo que se consigue con esta argucia es otorgar contratos públicos a quien Interior quiera, o sea, a dedo. La cantidad total de lo contratado desde diciembre de 2021 supera los 400.000 euros.

Estos contratos públicos de los que ha tenido conocimiento este periódico afectan en casi todas las adjudicaciones, excepto en una a centros dependientes de Instituciones Penitenciarias y se prolongan hasta el pasado 14 de marzo. Para empezar, hay que entender qué dice la norma general sobre la contratación pública, porque si está reglada es fundamentalmente para que exista trasparencia en los procedimientos contractuales y una cierta igualdad empresarial a la hora de poder contratar con el sector público. Por eso existen los concursos, que deben ser redactados y correctamente anunciados para recibir ofertas que puedan competir entre ellas.

Algunas voces apuntan a que existen determinadas actuaciones que se ralentizarían demasiado siguiendo el procedimiento anterior, de ahí la necesidad de crear herramientas como los contratos públicos menores por servicios y suministros, que son los que vienen a situar las fronteras económicas para que el responsable de turno tenga la oportunidad de contratar de manera ágil y resolver el problema que le acucia a su departamento o institución sin recurrir a un proceso concursal farragoso.

Una fuente especializada en concursos públicos pone un ejemplo práctico: “Imaginemos que el director de una institución pública quiere cambiar un toldo que protege del sol. Él tiene atribuciones para pedir libremente un presupuesto y si lo consigue por debajo de 5.000 euros, al poder ser considerado un servicio, puede cerrar el acuerdo sin más consultas”. Una vez entendido el espíritu de la norma hay que ir a las estadísticas y los ejemplos prácticos que hacen sospechar de un uso inadecuado de esta herramienta.

Veinticuatro de los 25 contratos detectados por OKDIARIO entraron en la Plataforma de la Contratación Pública entre el 15 y el 29 de diciembre del año pasado, y con un breve repaso a alguno de ellos las preguntas llegan por sí solas. El 21 de diciembre se resolvió la adjudicación de un contrato para el “suministro de frutos secos, café, azúcar y bacalao para el racionado de los internos del centro penitenciario de Albolote”, en Granada, por valor de 14.999 euros. Curiosamente, ese mismo día, ese mismo centro penitenciario, suscribió otro contrato, pero en esta ocasión para “la adquisición de leche y queso fresco para el taller de alimentación”. ¿Adivinan la cuantía del contrato? Correcto, 14.999 euros. Además de la casualidad cósmica de que ambos envíos coincidan al céntimo en sus cantidades, lo que este tipo de contratos plantea es la duda de si se está pagando un adecuado precio de mercado por determinado producto, porque, ¿qué pasaría si este año cambiara el límite legal para poder suscribir contratos menores sin control? Esa respuesta existe porque ya ha pasado.

Hecha la Ley, hecha la trampa

En el año 2018 el límite para este tipo de contratos menores se rebajó en 3.000 euros, pasando de 18.000 a 15.000 euros. El efecto sobre las contrataciones fue meramente estético, porque donde aparecían una y otra vez contratos por valor de 17.999 euros entraron en escena los de 14.999. De hecho, aquel año, la web especializada en auditoría pública, aseguró que en un año detectaron más de 3.200 contratos que se movieron en la horquilla de los 14.900 a los 14.999 euros, lo que supuso la friolera de casi 50 millones de euros.

En esta ocasión es Interior quien permite la proliferación de este tipo de contratos detectados en apenas 90 días en varios establecimientos penitenciarios en los que, por arte de magia, cuesta exactamente lo mismo, al céntimo, comprar “aceite, margarinas, crema pastelera y sal”, “carne de ternera fresca” o “especias, caldos y condimentos”. Así es, todo lo anterior, por separado, costó lo mismo:  14.999 euros.