Inquietud en EY por el impacto en su negocio de M&A de la investigación interna a uno de sus socios

EY mantiene abierta una investigación interna sobre la actuación de Francisco Javier Silván Rodríguez, socio de Corporate M&A de EY Abogados en Madrid, por un presunto conflicto de intereses. El caso ha generado inquietud entre socios del área por las posibles consecuencias para la reputación y el negocio de la firma, según fuentes de EY.

La reclamación pone el foco en una cláusula que el despacho negociaba en nombre de un cliente, un grupo de moda con estructura internacional. De ella dependía que ese cliente pudiera encargar a terceros, incluida la propia EY, la planificación fiscal internacional que actualmente presta el asesor de la parte contraria. Según la reclamación, era el único punto que el despacho se negaba a cerrar.

Los hechos se comunicaron el 8 de octubre a EY/Ethics, el canal ético de la organización, que gestiona el proveedor externo Navex. Ese mismo día se acusó recibo. Fuentes internas confirman que la investigación está en marcha, aunque todavía no consta ninguna conclusión ni se han determinado responsabilidades.

El protocolo público de EY establece que cada informe recibido por ese canal se asigna a un equipo de ética con personal de Risk, Legal y Talent, encargado de investigarlo.

El vínculo familiar

En el equipo de EY que negocia el relevo trabaja un manager de fiscalidad internacional que es hermano de uno de los dos socios del cliente. Ese vínculo familiar es el elemento más delicado del caso.

Antes de incorporarse a EY, el manager revisaba para el cliente el trabajo del asesor externo con el que ahora negocia. Además, forma parte del área de EY que heredaría el trabajo si la cláusula se resuelve a favor de la firma.

EY ya presta, además, asesoramiento fiscal recurrente al cliente mediante una iguala. De esta forma, el despacho negociaba en nombre de ese cliente la puerta por la que él mismo podía entrar para sustituir al asesor contrario. Y lo hacía con un familiar directo de uno de los socios del cliente en el equipo.

Según la reclamación, ni el socio ni el despacho advirtieron al cliente de ese interés propio. La investigación interna tendrá que aclarar, entre otras cuestiones, si esa declaración se produjo.

Las políticas de independencia y conducta de las grandes firmas suelen exigir que estas situaciones se identifiquen y declaren expresamente. La razón es que un vínculo personal puede pesar en una decisión que se presenta como puramente profesional.

Temor por el negocio de M&A

El caso afecta a una de las prácticas más sensibles a los conflictos de intereses: las fusiones y adquisiciones. Fondos, consejos de administración y grupos familiares exigen garantías formales de independencia antes de adjudicar un mandato. Los procesos de conflict check son, a menudo, decisivos para determinar si una firma puede aceptar una operación.

Según las mismas fuentes, varios socios temen que la investigación pese en la competencia con los grandes bufetes españoles y con el resto de las Big Four.

En los concursos por mandatos de M&A, los despachos independientes suelen presentar como un riesgo de conflicto estructural el modelo multidisciplinar de las auditoras, que reúnen bajo un mismo techo la auditoría, el asesoramiento fiscal y la práctica legal. Un caso abierto que encaja en ese argumento es la munición para los competidores.

El modelo integrado es, al mismo tiempo, el principal reclamo comercial de las Big Four y su flanco más expuesto. Combinar especialidades permite ofrecer un asesoramiento completo, pero obliga a gestionar con rigor el punto en el que el interés del despacho se cruza con la decisión que se toma para el cliente.