Iglesias y sus vecinos tendrán que pagar 30.000 € para regularizar la comunidad de propietarios

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su número dos, Irene Montero, van a tener que hacer frente, junto al resto de los vecinos de su comunidad, a una derrama de cerca de 30.000 euros para regularizar la situación legal de la asociación.

Como desveló OKDIARIO, la comunidad de propietarios que agrupa a todos los chalets de esta zona de La Navata (Galapagar) no está inscrita -como es obligatorio- en el registro oficial de la Comunidad de Madrid. Así lo confirma la Consejería de Medio Ambiente. Esto provocó un gran problema para estas decenas de propietarios cuando tuvieron que pleitear por una avería. La comunidad de propietarios no tiene personalidad jurídica y, por tanto, no están en una situación regular ante un juez.

En la última junta de vecinos, la empresa administradora de la comunidad ha propuesta contratar los servicios de un despacho de abogados por 25.000 euros sin contar el IVA (30.000 euros con impuestos).

Estos abogados tendrán que llevar a cabo un intenso trabajo para lograr que el Ayuntamiento de Galapagar registre la comunidad primero como Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación y, posteriormente, como comunidad de propietarios al uso. Muchos de los vecinos pensaban que el Consistorio galapagueño, cuando se construyó la urbanización, sí había registrado la Entidad en la Comunidad de Madrid, pero no fue así. Esta figura, las entidades de conservación, sirve como paso previo mientras se termina de rematar la urbanización. Sin embargo, deben transformarse en comunidad de propietarios cuando el Ayuntamiento recepciona las zonas públicas de la zona y asume su mantenimiento. Algo que tampoco ha ocurrido aún.

Bronca en la reunión

Cuando la empresa administradora llevó a la reunión de propietarios el presupuesto de 30.000 euros, los vecinos se dividieron en dos bloques. El nuevo presidente de la comunidad, de hecho, se mostró ciertamente escéptico con un precio tan alto para resolver este problema.

En el lado contrario se posicionó a favor, casi en solitario, la vecina que va en representación de Pablo Iglesias e Irene Montero al encuentro. Una propietaria que, como informó esta cabecera, pretendía acabar con la progresividad en las derramas. Llevó a votación, sin éxito, la propuesta de que todos los propietarios pagaran por igual los gastos comunes, independientemente de que algunas fincas tiene el doble de tamaño que otras.

Finalmente, los propietarios acordaron crear un grupo de trabajo para tratar de buscar una alternativa más barata a los 30.000 euros.

La asistencia a la última reunión fue masiva porque los vecinos consideraban una barbaridad tener que pagar los 30.000 euros. Junto a la representante de los dirigentes de Podemos, apenas se posicionaron cuatro o cinco propietarios más, frente a decenas y decenas de dueños que se mostraron en contra de firmar un contrato tan caro con los abogados propuestos por la administradora de fincas.

Las fuentes consultadas señalan que regularizar la situación no es fácil ya que, además, hay problemas de exceso de cabida registral, existen más terrenos en la comunidad de los que figuran inscritas en el registro de la propiedad. Se trata de una serie de errores que ahora hay que subsanar que cometió la empresa promotora que construyó la urbanización de forma precipitada.