La Guardia Civil incauta el móvil del fiscal general del Estado

La Guardia Civil ha incautado el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ángel Luis Hurtado, el juez del Tribunal Supremo que ha decidido imputar al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, ha ordenado intervenir todos sus dispositivos electrónicos. Para ello, el instructor ha comisionado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil para que intervengan todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito en su propio despacho de la Fiscalía General del Estado. El registro ha tenido lugar en el día de hoy, 30 de octubre de 2024, y desde las 10:00 horas se está registrando el despacho del fiscal general. Las diligencias se han declarado secretas por un plazo de un mes.

La causa especial sobre el fiscal general empieza a andar. El juez ya ha incoado diligencias previas y ha acordado que se incauten los dispositivos de Álvaro García Ortiz que pudieran ayudar a esclarecer hechos en el marco de la investigación que se sigue por revelación de secretos tras difundir datos sobre el procedimiento judicial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los agentes, durante horas, han requisado material informático en su despacho ubicado en la sede de la Fiscalía General del Estado, situado en la calle Fortuny número 4 de Madrid. El instructor ha pedido que se habiliten expresamente las horas nocturnas atendiendo a la exigencia de asegurar la efectividad de la diligencia acordada.

«Se autoriza la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil), que haya podido ser empleado o que pudieran servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación», señala el instructor en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO. Y prosigue: «Se aprehenderá el teléfono o teléfonos móviles del interesado, por parte de la fuerza actuante, a presencia del letrado de la Administración de Justicia, así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tablet, ordenador portátil u otros). La intervención de estos dispositivos será reflejada oportunamente por el letrado de la Administración de Justicia en el propio acta de entrada y registros».

El juez precisa que será preciso realizar una copia —protegida por huella digital u otro procedimiento que impida la ulterior modificación del contenido— que quedará custodiada bajo la fe pública del letrado de la Administración de Justicia. «En el caso de que no se pudiera realizar la copia referida, el dispositivo será incautado y asegurado por el letrado de la Administración de Justicia, quedando bajo su custodia», señala el instructor. Y así ha sido: los agentes de la UCO han requisado el teléfono del fiscal general. Siguiendo las instrucciones del juez tendrán que hacer un volcado de sus chats de WhatsApp en los que presuntamente se habría hablado sobre difundir datos sobre la investigación de González Amador.

El juez también autoriza, en el caso de que sea necesario para extraer la mayor información posible de los dispositivos móviles, la autorización para proceder al rooteo de los mismos. El rooteo consiste en realizar una serie de actuaciones técnicas sobre el dispositivo móvil que permiten obtener privilegios de administrador sobre él y de esta manera poder realizar una imagen forense.

Correos electrónicos

En cuanto a los correos electrónicos, el juez pide que se intervengan los buzones desde el pasado 8 de marzo de 2024 hasta el día de hoy. «Se autoriza el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por el interesado, así como a la información contenida en servidores y copiar su contenido, autorizando asimismo el cambio de contraseñas de acceso a los servicios y servidores mencionados al objeto de evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación», explica el auto.

Es importante recalcar que el fiscal general admitió que miembros de la Carrera Fiscal se habían intercambiado correos electrónicos sobre este asunto para enviar la nota aclaratoria en la que, presuntamente, se habría revelado secretos de una instrucción judicial. El juez, amparándose en la ley, pide la colaboración de los servicios informáticos de la Fiscalía General, así como de los funcionarios para poder llevar a cabo la diligencia acordada.