García Ortiz se hace la víctima: acusa al novio de Ayuso de deslealtad «en la búsqueda de la verdad»
El fiscal general del Estado se ha quitado la toga para sentarse y declarar desde el banquillo de los acusados
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha rechazado este miércoles responder a las acusaciones personadas en su juicio y ha reprochado a la que ejerce el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tener una actuación «desleal» con el tribunal, «en busca de la verdad».
En la penúltima jornada del juicio a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, el actual fiscal general del Estado se ha quitado la toga, pasadas las 16:00 horas, y se ha sentado en la mesa frente al tribunal, donde tradicionalmente se ubican los imputados y los testigos, para tomar la palabra en el Supremo en calidad de acusado.
A preguntas del presidente del tribunal, Álvaro García Ortiz ha explicado su decisión de no contestar a ninguna de las siete acusaciones personadas, que le piden entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación por presunta revelación de secretos.
El fiscal general del Estado ha alegado que principalmente por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no ha habido «lealtad procesal en la búsqueda de la verdad», tanto en la interposición de su querella, donde no se incluyeron todos los datos existentes, como al enviar él mismo al jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid uno de los correos que se cruzó con el fiscal que le investigaba para que hiciese «un uso político del mismo».
García Ortiz está acusado de filtrar el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra a Hacienda en busca de un pacto que le fuese beneficioso.
En su declaración, en la penúltima sesión del juicio en el Tribunal Supremo, García Ortiz, sólo ha respondido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y esgrime que él no filtró el email que perjudicaba al novio de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general ha comenzado su declaración final sin ocupar la mesa central. Tal como dijo el primer día, «no» se considera responsable del delito que se le imputa, y ha defendido su inocencia frente a las acusaciones que, de ser hallado culpable, podrían derivar en hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan la absolución de García Ortiz y defienden que no se ha producido delito alguno. Asimismo, el Ministerio Público ha denunciado presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
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