Los Franco piden imputar por prevaricación a la abogada del Estado por un informe del Pazo de Meirás

La familia del dictador Francisco Franco ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que cite como imputada a la abogada general del Estado, Consuelo Castro. Los nietos de Franco realizan esta solicitud en el marco de la querella que se tramita contra la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito por un informe sobre el Pazo.

Consuelo Castro saltó a la fama después de hacerse una fotografía con la juez Marta Canales en la que se escenificaban la entrega de las llaves de la propiedad. Las dos mujeres protagonizaron la foto de la ejecución de la sentencia entre aplausos, lo que levantó ampollas entre los sectores más conservadores y provocó que la instantánea se volviera viral en las redes sociales, como demuestra este mensaje que se escribió ese día.

La nueva petición de imputación viene determinada porque la familia del dictador considera a ambas mujeres responsables de haber cometido varios delitos, relacionados con la redacción del inventario de bienes que se llevó a cabo tras declararse que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado.

La querella presentada por los familiares del dictador estaba dirigida inicialmente contra Benito. En ella se solicita que se investiguen los posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa en la elaboración del inventario del Pazo en noviembre de 2020 y que, a su juicio, habría cometido esta jefa de servicio.

Fuentes cercanas a los querellantes han afirmado que la petición de imputación de Consuelo Castro es consecuencia del testimonio prestado el pasado mes de junio por la ex presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional Llanos Castellanos, en el que ésta apuntó que su actuación en el expediente del Pazo de Meirás fue siguiendo  las instrucciones dadas por la abogada general.

Según la querella de los nietos de Franco, el documento que otorgó la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo al Estado no fue imparcial y se realizó en perjuicio de la familia del dictador. Afirman los Franco, que ese informe tiene «unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable».

Más solicitudes

Además de esta petición de imputación, los querellantes también han solicitado al magistrado instructor que se cite a declarar a otros cargos de Patrimonio Nacional, que se libre oficio para solicitar determinados documentos relacionados con este expediente administrativo, y que se indague si existe convenio de colaboración y de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y Patrimonio Nacional. Por el momento, el juez todavía no ha contestado a ninguna de las solicitudes presentadas por la familia de Francisco Franco.