La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves por los ERE

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación.

La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada.

En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito. En cuanto a Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez solicita 10 años de inhabilitación.

Los autores de la malversación responderán solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía.

De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre 2009 y 2013, debe responder por los concedidos entre 2005 y 2010, que suman casi 484 millones de euros.

Entre los acusados por Anticorrupción hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales -entre ellos Francisco Javier Guerrero-, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron «en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno».

La Fiscalía explica que los reparos de la Intervención desde el año 2000 en la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta retrasó y cuestionó su pago, «lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral» en Andalucía. Para evitar esa labor fiscalizadora, que «entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas», los acusados modificaron los presupuestos de la Junta e introdujeron las transferencias de financiación.

Esta aplicación presupuestaria «permitía de manera consciente que los fondos públicos» para las ayudas sociolaborales «se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa», según la Fiscalía. Los encausados «buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento», sostiene Anticorrupción.

De esta forma, añade la Fiscalía, se privó «a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso» a las ayudas «por falta de publicidad», y se facilitó «que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran» a ellas.